Antonio Elías &
Julio C. Gambina | Este año se han cumplido 40 años de los
golpes de Estado en Uruguay (27 de junio) y en Chile (11 de setiembre), que
iniciaron el ensayo de lo que luego serían las políticas neoliberales. Estas
adquirieron carta de ciudadanía global con la restauración conservadora de los
tories británicos y los republicanos yanquis. Thatcher y Reagan, contra los
mineros ingleses y los controladores aéreos estadounidenses, otorgaron vía
libre a la ofensiva mundial del capital. Una ofensiva que anticipó el
terrorismo de Estado en el Cono Sur de América, inaugurando una cooperación
transnacional de la internacional del terror: el Plan Cóndor.
El capital había llegado hacia fines de los años sesenta al
límite de su retroceso en la lucha de clases, construido desde la emergencia de
la teoría y práctica de la revolución con el Manifiesto Comunista, El Capital,
y la organización proletaria en la Asociación Internacional de los
Trabajadores, junto a experiencias e intentos de poder obrero desde la Comuna
de París y especialmente la Revolución de Octubre. Con El Capital se
consolidaba un enfoque teórico de crítica a la Economía Política y al
capitalismo, con asiento en la Teoría del valor y el plusvalor, que explicaba
el origen del excedente económico y su apropiación por la burguesía, originando
el análisis central según nuestro entender, de la relación entre el trabajo y
el capital como núcleo esencial para entender la realidad. Con esa
contradicción asociada a la ley tendencial de caída de la Tasa de Ganancia,
Marx aportaba elementos esenciales para discutir las crisis en su momento y en
la actualidad. Son cuestiones imprescindibles para intentar analizar las
políticas de los Estados contemporáneos, la presión sobre ellos del capital
hegemónico y las contradicciones al interior de los procesos de cambio como los
que vive Nuestramérica y sus gobiernos “progresistas”.
Esta historia de la lucha de clases contemporánea que
ubicamos luego de 1848 ofrece un proceso social donde los trabajadores
organizados y en lucha ponían en jaque al capital, que contestaba recurrentemente
con mayor agresividad y violencia. Por si alguien duda sobre la violencia del
capital, solo basta registrar la matanza en la lucha por la hegemonía y la
dominación imperialista manifestada entre 1914 y 1945. La respuesta del capital
a la crisis capitalista del 30´ había sido a la defensiva, con concesiones a la
lucha y el poder de los trabajadores. El Estado benefactor sería una respuesta
transitoria, hasta que se pudiera derrotar la ofensiva popular y de los
trabajadores, la que se presentaba hacia mediados de los 70´ con el contundente
triunfo militar, político y cultural del pueblo de Vietnam sobre Estados
Unidos, claro que con la solidaridad mundial. Pero también se manifestaba en la
acumulación de fuerzas social, económica y política de los trabajadores y los
pueblos, puesta de manifiesto en la Carta de los Deberes y Derechos de los
Pueblos, votada en 1974 por Naciones Unidas, más conocida por la demanda de un
Nuevo Orden Económico Mundial, obviamente rechazada por Estados Unidos y el
selecto grupo de países que luego conformarían el G7 y algún asociado más.
Ese era el límite que establecía el capital a la ofensiva de
los trabajadores y los pueblos. La lucha de clases imponía modificar la
situación, y como siempre, la partera de la historia capitalista se reiteró con
la violencia del terror del Estado capitalista. El punto de partida de la
experiencia represiva se concentró en el Cono Sur de América, uno de los
territorios donde la lucha popular amenazaba seriamente el orden capitalista.
No solo Cuba y su experiencia insurgente y Chile con su propuesta electoral
para la construcción del socialismo eran los proyectos a derrotar, sino también
Argentina, Brasil y Uruguay. La ofensiva popular utilizando todos los métodos
-acción de masas y/o presencia electoral y/o lucha armada– confrontaba con el
orden mundial, desde la territorialidad específica de Nuestramérica. Era una
práctica acompañada por reflexión teórica, crítica, desde el desarrollo de la
teoría de la revolución, en el camino de Marx y el pensamiento revolucionario
clásico, con rupturas y ensayos que suponía la teoría de la dependencia, o los
teólogos de la liberación, articulando procedencias diferentes para un rumbo
común anti-capitalista.
Con financiamiento de Estados Unidos y las grandes
transnacionales de ese origen, junto a las clases dominantes locales se
habilitó un nuevo ciclo de ofensiva del capital sobre el trabajo que recorrió
la historia contemporánea por 40 años hasta la crisis capitalista en curso.
1.- La caída de la
tasa de ganancia y la respuesta del capital
Desde la segunda guerra mundial hasta principios de los
setenta, las economías de los países centrales vivieron una de las épocas de
mayor certidumbre y estabilidad en la historia del capitalismo. El alto nivel
de empleo favorecía el consumo de la producción en masa y el Estado recaudaba
lo suficiente para sostener cierto grado de bienestar de la población. A fines
de los años sesenta en el capitalismo mundial se presenta una aguda
manifestación de la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, que
recién se recuperará a comienzos de los ochenta y como consecuencia de la
ofensiva neoliberal del capital transnacional.
En los setenta se produjo un fuerte crecimiento de los
precios del petróleo y las materias primas y una creciente inestabilidad de los
tipos de cambio. En esa década las políticas keynesianas y sus instrumentos
fiscales y monetarios para incidir sobre la demanda efectiva no pudieron
superar la estanflación (inflación con estancamiento). La prioridad de los
gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al control de precios y
salarios con atención privilegiada para el déficit público. Luego se sucedieron
los procesos de desregulación de la economía, de privatización de las empresas
y servicios propiedad del sector público (de hecho o de derecho) y el
consiguiente desmantelamiento, progresivo e incesante, de la arquitectura de
redes que sostenía el Estado de bienestar, con los límites que este presentaba
en Nuestramérica.
El fuerte cambio en las políticas económicas fue producto de
una crisis estructural del capitalismo asociada a la reducción de la tasa de
ganancia. La prioridad de los gobiernos se concentró entonces en recuperar una
rentabilidad que los empresarios consideraran satisfactoria. Los avances
científicos produjeron cambios tecnológicos que aumentaron la capacidad
productiva reduciendo el ciclo de vida útil de máquinas y productos, se
destacan la difusión de las computadoras en el manejo de la información; la
automatización del proceso de producción; la transmisión instantánea de la
información a cualquier punto del planeta; la estandarización del transporte
(contenedores) que reduce los costos y agiliza la distribución a escala
mundial.
Es así que el desarrollo de las fuerzas productivas entró en
contradicción con un mundo fragmentado en mercados nacionales, y su resolución
transitoria se dirigió a la promoción de acuerdos bajo la celosa vigilancia de
los principales organismos multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BM), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
primero y la Organización Mundial de Comercio (OMC) después. Con base en ese
proceso se construyó, estableció y operó el nuevo orden mundial que tiene como
uno de sus ejes la liberalización comercial multilateral. Es bajo la egida de
estas condicionantes que tuvo amparo física y legalmente la penetración de las
empresas transnacionales en los mercados globales, eliminando fronteras
económicas nacionales y los altos costos de transacción e instalación para
dichas empresas.
La liberalización de la circulación de capital condujo a la
globalización de los mercados financieros y al crecimiento exponencial del
capital ficticio, potenciado éste último por un proceso de desregulación en
Estados Unidos que permitió al capital financiero participar libre y
conjuntamente en las áreas de crédito y especulación, incluyendo los mercados
de derivados. A partir de la crisis de las hipotecas “sub prime” quedo al
descubierto la fragilidad del sistema y la colusión entre las instituciones
financieras y las instituciones que deberían regularlas. En la economía real
las empresas transnacionales fueron el motor y las principales beneficiarias de
un mercado mundial, construido a su medida, en el que desarrollaron su
actividad lo que explica el gran crecimiento del comercio (dominantemente entre
sus filiales), potenciándose enormemente las rentas tecnológicas y las
economías de escala. Tales empresas explotan todos los espacios legales en
cualquier parte del mundo para conseguir capital, trabajo y todo tipo de
recursos e insumos que reduzcan sus costos apuntando a un triple proceso de
reducción de los mismos: relocalización de sus plantas productivas;
centralización de sus procesos administrativos y financieros; tercerización de
los aspectos logísticos. Sin olvidar, por supuesto, la conversión necesaria del
poder de mercado en poder político estratégico acorde a sus planes de expansión
y de control de la producción y del comercio mundial. Se agudizó, en tal
contexto, la tendencia dominante de la economía capitalista en el proceso de
concentración de la propiedad y las alianzas estratégicas. La apertura
comercial y financiera operada y señalada con anterioridad, estuvo acompañada
por cambios institucionales tendientes a reducir el papel del Estado como
productor en la economía, siendo la privatización de empresas públicas uno de
los aspectos más notables. En Gran Bretaña y Estados Unidos se privatizaron
empresas y servicios a partir de los ochenta, como forma de ampliar espacios
para la acumulación capitalista. La creciente explotación de la fuerza de
trabajo es el principal factor contra-restante de la tendencia decreciente de
la tasa de ganancia. A partir de los ochenta hay un incremento de la
explotación de los trabajadores en el mundo, no sólo en la periferia sino
también en los países centrales: es la época en que Margaret Thatcher en Gran
Bretaña reprime y derrota una huelga nacional de mineros, y donde Ronald Reagan
hace lo mismo en Estados Unidos contra los controladores aéreos.
El efecto es el aumento de la plusvalía absoluta, por medio
de la extensión e intensificación de la jornada de trabajo en el marco de una
desregulación de las relaciones laborales; aumenta la plusvalía relativa debido
a los avances de la tecnología que incrementan la productividad del trabajo y
lo intensifican. Para imponer este aumento de la plusvalía fue necesario
eliminar las conquistas que los trabajadores habían obtenido en el pasado, lo
cual implicó destruir o, al menos, debilitar sustancialmente, a los
organizaciones sindicales y sus aliados.
El capital que no encuentra espacios para su valorización en
el área productiva o en el área comercial busca la rentabilidad deseada en la
especulación. Eso produce una dificultad significativa desde el punto de vista
de la contradicción entre producción y apropiación en los siguientes términos:
el capital ficticio exige rentabilidad alta, pero no contribuye para la
producción del excedente y de la plusvalía. La ganancia ficticia es ganancia
del capital que no tiene origen en la plusvalía y se obtiene especulando en el
sistema financiero.
El capital productivo crece, pero a mucho menor velocidad
que el capital especulativo, lo que provoca que esa contradicción se amplifique
y agudice. Lo que en principio es una solución para capitalistas individuales
-que encuentran espacios para obtener ganancias- agudiza la inestabilidad del
sistema en su conjunto. Es una solución temporal que genera crisis más agudas y
recurrentes porque al crear ganancia ficticia, crean más capital ficticio que
exige nuevos espacios de inversión en el ámbito especulativo o en la economía
real. El capital que obtiene sus beneficios en la economía real interactúa con
el capital que obtiene sus ganancias en el proceso especulativo buscando
-asociados o compitiendo entre sí- formas de aumentar y preservar su valor. Los
recursos naturales, tierras, inmuebles y empresas de los países periféricos son
un objetivo fundamental del capital como lo demuestra el crecimiento de la
Inversión Extranjera Directa en los países periféricos. Lo que hemos llamado
neo-colonización, se explicaría por este fenómeno de preservación y expansión
del capital.
Es un proceso que no se puede entender sin identificar a los
sujetos organizadores del orden contemporáneo: las corporaciones
transnacionales, expresión concentrada del desarrollo del capital, los
principales Estados del capitalismo y las organizaciones mundiales que inducen
un orden global para sustentar el régimen del capital, la explotación.
2.- Cuatro décadas de
ofensiva estratégica del capital en el Cono Sur
Las etapas que se describen a continuación identifican
diferentes formas de dominación política y son partes de la ofensiva del
capital para implantar un nuevo modelo de acumulación. Las características de
cada etapa, en tanto son procesos sociales contradictorios conllevan
complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las tendencias
del capital y de la correlación de fuerzas en cada país. Sin postular que hay
una especie de dominio de los organismos multilaterales que imponen una acción
deliberada y programada en nuestros países, se debe analizar para mejor
comprender la importancia que han tenido en nuestro continente los lineamientos
del Consenso de Washington y las reformas institucionales de segunda generación
que ellos han impulsado.
En la primera etapa, a través de dictaduras militares y/o
gobiernos autoritarios, se buscó destruir la capacidad de resistencia de los
trabajadores, ilegalizando sus organizaciones sindicales y las fuerzas
políticas que los representaban. La mayor parte de los dirigentes y los cuadros
intermedios fueron torturados, encarcelados y muchos asesinados y/o
desaparecidos. Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas que
hubieran sido inviables si se hubiera mantenido la democracia. En estos
períodos autoritarios se redujo el salario real, se bajan los impuestos al
capital y los países abrieron sus economías al exterior.
La segunda etapa, se produjo con la restauración democrática
cuando los gobiernos de derecha (Brasil y Uruguay) y los mimetizados (la
Argentina menemista y la concertación en Chile) aplican las recetas del
Consenso de Washington. Las medidas de privatización y desregulación fueron
resistidas, retardadas, incluso frenadas parcialmente con medidas de democracia
directa en el caso uruguayo, aunque el resultado final fue, igualmente, un
avance importante del neoliberalismo. Las políticas económicas implementadas en
este período toman como punto de referencia al llamado Consenso de Washington,
un modelo económico con fundamentos neoclásicos, que expresa una clara
orientación de mercado con apertura externa (asumiendo la teoría de las
ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia
de las economías).
El Consenso propone disciplina fiscal para evitar que el
déficit impulse una “excesiva presión de la demanda”, lo que repercutiría en
los niveles de inflación o en un déficit de pagos insostenible. Se propone un
recorte en los “subsidios, especialmente los indiscriminados (...) los gastos
militares y de administración pública”. En lo que refiere a la política
tributaria, aconseja no aumentar los impuestos y aplicar un sistema de amplia
base, reglas simples y con bajas tasas de impuestos marginales. Recomienda la
privatización de empresas públicas, a partir de la creencia de que la propiedad
privada agudiza los incentivos para un manejo eficiente y, por lo tanto, mejora
el desempeño (...) Un objetivo complementario sería el de aliviar la carga de
las finanzas públicas”.
En lo relativo a la apertura de la economía, plantea la
liberalización financiera con “tasas de interés determinadas por el mercado”,
rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable de
política. Dado que entiende que el único crecimiento viable es el crecimiento
hacia afuera, propone “un tipo de cambio competitivo (...) que promueva una
tasa de crecimiento en las exportaciones capaz de permitir que la economía
crezca (...) y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a
un sistema de tasas múltiples”. Lo anterior debe encuadrarse en la
liberalización del comercio, en una política orientada hacia el exterior.
Entendido esto como una liberalización de importaciones y el reemplazo de la
complicada estructura arancelaria por una tarifa uniforme. En esa misma
dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera directa como
aporte de capitales, conocimiento y tecnología.
Por último, se proponen medidas de tipo institucional en
defensa de los derechos de propiedad. La privatización y la desregulación
implican un cambio sustancial en las relaciones entre el Estado y el mercado,
que son acompañadas con la desmonopolización y las tercerizaciones de
servicios. Todo lo cual busca una mutación significativa en las estructuras
productivas.
La tercera etapa, comienza a fines de los noventa y es
aplicada en general en todo el continente, aunque no deja de ser sorprendente
que los gobiernos progresistas asuman las llamadas reformas de segunda generación
del Banco Mundial (BM), como si fueran un programa anti-neoliberal. En efecto,
en los últimos años de la década de los noventa era notorio que el Consenso de
Washington no daba los resultados que se preveían. La idea central sostenía que
los magros resultados eran consecuencia del marco institucional creado para
implementar el modelo de desarrollo anterior, por lo cual era inadecuado para
llevar adelante las políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda
generación se encuadran en esa concepción.
Para el BM el proceso de desarrollo perdió impulso por el
bajo nivel de inversión y esto se explicaba porque los inversionistas privados
se abstenían de invertir, por la desconfianza en las políticas públicas y en la
firmeza de los dirigentes. Una de las principales hipótesis del BM es que el
sector público determinó: el desplome de las economías dirigidas, la crisis
fiscal del estado de bienestar, el desmoronamiento del Estado en varias partes
del mundo y la multiplicación de las emergencias humanitarias. A la vez, que
sostenía que las privatizaciones eran el telón de fondo del milagro económico
de algunos países de Asia.
El BM sentencia: “Un Estado eficaz es imprescindible para
poder contar con los bienes y servicios y las normas e instituciones que hacen
posible que los mercados prosperen. En su ausencia, no puede alcanzarse un
desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social."
La propuesta es, en esencia, aumentar la capacidad estatal
mediante la revitalización de las instituciones públicas. Pero no es cualquier
revitalización: es un conjunto de reformas alineadas con las orientaciones de
los organismos multilaterales en las últimas décadas; se proponen cambios
institucionales y de reforma del Estado acordes con el libre funcionamiento del
mercado. En ese sentido los objetivos fundamentales son dos: a) implantar un
orden jurídico que garantice la propiedad privada; b) lograr la estabilidad
macroeconómica que facilite la inversión.
No es nada menor señalar que el enfoque que se utilizó para
definir y evaluar la importancia de las tareas del Estado se fundamentó en la
opinión de los empresarios, recabada a través de una encuesta realizada en 69
países. Si bien el Estado es considerado esencial, su función se re-direcciona
dado que se excluye su papel como productor y agente directo del crecimiento y
se lo acota al papel de socio, elemento catalizador e impulsor de un proceso de
desarrollo en el que los mercados y las empresas son los protagonistas
principales, mientras que el Estado debe pasar de productor de bienes en
mercados monopólicos a promotor y regulador.
Las políticas económicas, la estructura impositiva y las
normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual
sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los
parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el
sistema financiero.
El modelo de desarrollo que impulsa está tercera etapa de la
ofensiva capitalista profundizó la apertura de la economía bajo el supuesto de
que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a
través del sistema de precios, a la vez que se va a facilitar el ingreso de
capitales y de tecnología. La apertura indiscriminada y asimétrica entre los
países centrales (alta productividad, el progreso técnico se difunde con gran
rapidez en forma homogénea y es endógeno al proceso de desarrollo) con los
países periféricos (baja productividad e incorporación del progreso técnico de
manera exógena y sin irradiación al conjunto de la economía) amplió las brechas
entre ambos polos económicos.
Estas reformas han pretendido expulsar el poder político de
la economía, sustituyéndolo por unidades reguladoras “técnicas” independientes
de los gobiernos, lo cual favorece a las corporaciones transnacionales y sus
aliados locales.
Tanto el ALCA, rechazado en Mar del Plata en noviembre del
2005, como los tratados de Protección de Inversiones y de Libre Comercio, que
siguen proliferando, intentan una profundización del proceso de globalización
que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en
bruto o con poco valor agregado. En este proceso, "las iniciativas de
integración regional representan un tercer nivel de reforma, la política
comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y
multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta".
La ofensiva del capital impulsa un proceso de
"neo-colonización". Debe entenderse por ello la ocupación física de
los territorios para sostener una división internacional del trabajo que dé
continuidad y permanencia al histórico papel del continente como proveedor de
materias primas (con o sin algo de valor agregado), pero regresando al saqueo
directo que permita la ocupación económica: algo así como una colonización sin
banderas. En este marco se inscriben los megaproyectos de la "Iniciativa
de Integración de la Infraestructura Suramericana" (IIRSA), impulsados
como complemento del ALCA, pero que se mantiene como meta en el marco de los
tratados binacionales de protección de inversiones que firman los gobiernos
progresistas. La IIRSA busca unir varios países y sectores productivos para
canalizar, en forma rápida y económica, los flujos comerciales mediante el
mejoramiento en infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones.
Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con
grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos
extranjeras. Su meta esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros
recursos naturales, a la vez, que facilitar la instalación de las llamadas
"industrias sucias".
En este proceso de cuatro décadas aumentó sustancialmente la
brecha tecnológica y productiva entre los países centrales y los periféricos,
lo que se refleja en el carácter primario de la economía latinoamericana. Todos
los cambios estructurales señalados implican un incremento en la capacidad del
capital a escala internacional para eludir regulaciones provenientes de los
Estados, lo que implica un aumento del poder de las ET, cuya magnitud e
implicancias deben ser analizadas en profundidad. El proceso de regionalización
y globalización en el que se acentúa la influencia de las grandes unidades
económicas trasnacionales, pone en jaque los espacios de autonomía de los
Estados nacionales. Este fenómeno opera con mayor fuerza en los pequeños países
de la periferia capitalista, debido, entre otros aspectos, a su retraso
relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el
mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento
científico-tecnológico y el desarrollo industrial.
Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de
diseñar y avanzar en las obras reúnen a gobernantes que supuestamente tenían
diferencias ideológicas muy importantes con estas concepciones y en la
actualidad entre sí.
3. El papel del
estado y su relación directa con el proyecto del capital
Comencemos por señalar que la ofensiva del capital tiene
como sujeto principal al capital transnacional, cuya estrategia de expansión
requiere para ser materializada del apoyo fundamental de los Estados
nacionales, tanto en los países centrales como en los periféricos. Éste Estado
es un producto histórico del modo de producción capitalista, que garantiza la sustentabilidad
del ciclo económico, recuperando la función en la producción y reproducción del
capital. Desde nuestra concepción no existe una diferenciación categórica entre
Estado y capital, ambos constituyen una relación social, al tiempo que son categorías
históricas que poseen una función específica. El rol del Estado históricamente
(en el capitalismo) es estar al servicio del capital, determinado en última
instancia por éste. Siendo el capital el sujeto principal, requiere que los
Estados nacionales aseguren con su accionar el objetivo de la valorización del
capital, la dominación y continuidad del orden capitalista.
Es preciso, sin embargo, valorar en sus justos términos que
existe un margen de “autonomía relativa” del Estado respecto del capital, dado
que el primero condensa, en su seno, la lucha de clases, por tanto la política
estatal no resulta monolítica, sino que es producto de las contradicciones de
clases inscriptas en su interior. De ahí deviene la necesidad de profundizar en
el conocimiento de un actor sustancial en el marco de la discusión del orden
vigente: el Estado-nación y su relación con el capital hegemónico y con las
clases subordinadas en el reordenamiento del sistema mundial en la actual
crisis.
Nada de lo que ocurre en las relaciones entre capitalistas y
trabajadores sucede sin el accionar concreto de los Estados. Esta una
afirmación válida en las mutaciones de las relaciones en el ámbito de las
empresas, como en el conjunto social. Sin el Estado y sus medios represivos no
se puede entender el disciplinamiento del movimiento de trabajadores en cada
uno de los países y a escala global. Lamentablemente el histórico sojuzgamiento
del mundo del trabajo trasciende las resistencias particulares y parciales
conquistas y reconquistas de determinados trabajadores en alguna parte del
planeta. También debe consignarse el accionar propagandístico e ideológico de
los Estados para hacer “normal”, es decir naturalizar las demandas del capital
en el conjunto de la sociedad. Las formas de la violencia no remiten sólo al
uso de las armas y la represión física, sino que también se acude a la
violencia moral del chantaje y a la manipulación de la conciencia social para
naturalizar el orden vigente y las nuevas formas que asume la explotación.
Actualmente no hay menos estado que en tiempos previos de la
hegemonía neoliberal, sino que transitamos un cambio de funciones de los
Estados nacionales, apoyado en cuatro décadas el proceso de liberalización de
la economía mundial. Sostenemos que no resulta adecuado contraponer al
“mercado” con el “Estado” como si fueran tendencias contrarias - idea muy
extendida en cierto pensamiento crítico al modelo neoliberal– cuando ambos, en
general, actúan en forma complementaria.
En el mercado se define la contradicción y confrontación
entre el capital y el trabajo, tanto como la lucha competitiva o monopolista
entre capitales de diferente composición orgánica. Es el ámbito de disputa por
la apropiación de la renta. Mientras que es el propio Estado quien propone y
conduce la mercantilización capitalista de la sociedad, o un proceso de
socialización de la producción y su distribución. El estado resulta
imprescindible para canalizar con éxito la ofensiva global del capital, o su
contrario, la emancipación social.
En la época de la transnacionalización del capital, éste
sigue recurriendo a formas nacionales para empujar su estrategia, y en ese
lugar encuentra nueva función para el Estado nación. Si éste fue fundamental
para consolidar la acumulación originaria del capital en cada país, hoy es
necesario para asegurar una expansión internacional de esos “capitales
particulares”. La contradicción y lucha entre los capitales se presenta en el
mercado y, con ayuda del poder del estado nación del país de origen de cada
capital, se pretende disciplinar socialmente en la ley del valor. No es un tema
nuevo, pues reconocemos como novedad desde la existencia del imperialismo, que
la ley del valor se abre camino favoreciendo la ganancia de monopolio. Ya no se
trata de la “libre competencia”, sino de la existencia dominante del monopolio,
que impone condiciones y precios y que por ello se apropia de una cuota cada
vez mayor de plusvalía que la generada en su seno (incluso por encima de la
ganancia media). En fin, el Estado es clave en el sostén de la estrategia de
acumulación y valorización de los capitales.
Es desde los Estados nación que se continúa ejerciendo el
“imperialismo”. Polemizamos por tanto con las concepciones que aluden al
“imperio” como una nueva forma de ejercicio de la dominación del capital. Eso
genera el doble desafío de una contestación a la transnacionalización en una
resistencia sin fronteras y, al mismo tiempo, la continuidad de luchas
nacionales contra el capital y los propios Estados para afirmar procesos de
liberación social y nacional.
La crisis agudiza los problemas al interior del capitalismo
en la disputa por la hegemonía de la dominación y en la lucha entre los
dominados y los dominantes. En ambos casos se piensa a la crisis como una
oportunidad de sentidos contradictorios. Los dominantes para afirmar el rumbo
capitalista y los dominados para obstaculizar la acumulación, disputar
condiciones de vida e intentar un tránsito del capitalismo hacia el socialismo.
Es que buena parte de la batalla por superar la crisis de
las empresas en unos casos, y por impulsar la acumulación en otras, pasa por la
apropiación privada de los recursos públicos destinados al salvataje en el
capitalismo en crisis. El capital engendró al Estado capitalista y éste se
constituye en espacio de disputa para la producción y reproducción del ciclo
del capital.
Se trata de discutir el rol del Estado capitalista luego de
décadas de críticas emergentes desde las usinas de teoría económica contra la
intervención del Estado en la actividad económica. El “salvataje” instrumentado
por los Estados capitalistas es una señal de la intervención estatal para
sostener el orden mercantil vigente. El “Estado” al servicio del “mercado”. La
política económica de salvataje aplicada por los principales países
capitalistas dejó en el camino la retórica contra la participación directa del
Estado en la economía.
En ese marco conceptual debería analizarse el papel que han
asumido y pueden asumir los gobiernos progresistas, en particular habría que
preguntarse en qué medida el acceso al gobiernos de fuerzas política
progresistas favorecen la expansión capitalista y en cuanto buscan avanzar hacia
una sociedad socialista.
4.- El papel de los
gobiernos progresistas
Un elemento central de la tercera etapa de la ofensiva
estratégica del capital son los llamados gobiernos progresistas. Más allá de
las consideraciones sobre la manera como ellos han incidido sobre un cambio en
la geopolítica de la región (lo cual es, sin duda, de la mayor importancia), es
fundamental hacerse la siguiente pregunta ¿En qué medida estos gobiernos
acercan, estancan o incluso alejan al movimiento social y popular de escenarios
de transición hacia proyectos político-económicos más radicales, de transformaciones
estructurales a favor de la población? Recuperar un análisis de clase de tales
gobiernos se torna imprescindible.
En ese aspecto, se destaca, como ya se ha dicho, que el
proyecto del capital, en un contexto de recomposición general del capitalismo,
continúa adelante, y no ha sido afectado en lo esencial. Más bien se viene
acentuando frente a la ausente movilización social y política requerida. Desde
ese punto de vista, los gobiernos progresistas, con todas sus diferencias,
tienden a inscribirse dentro de las variadas opciones de la institucionalidad
capitalista para enfrentar la crisis. Si bien las políticas económicas
presentan diferencias en su aplicación nacional en Brasil, Uruguay o Argentina,
ninguno de los tres procesos del cono sur se asemejan a las búsquedas de una
orientación socialista tal y como se presentan en Bolivia, Ecuador y Venezuela,
las que a su vez son muy diferentes entre sí y cuyos alcances y realizaciones
merece otro trabajo. No es lo mismo definirse por un rumbo capitalista que por
otro socialista, aun siendo difuso el perfil socialista.
La existencia misma de gobiernos progresistas es una
manifestación de importantes cambios en la correlación de fuerzas en el cono
sur, aunque estos cambios son fuertes en el plano político electoral, menores
en lo ideológico y mínimos en el plano económico. Los nuevos tiempos
desmitifican la creencia de que la intervención del estado es necesariamente
progresista. Las finalidades, la forma y los resultados de esas intervenciones,
más allá de los discursos que pretenden legitimarlas, no han demostrado la
existencia de avances hacia un proyecto alternativo al dominio y control del
capital. No basta con que el Estado intervenga para que una estrategia
alternativa se construya. El carácter transformador de dicha intervención, para
ser tal, debe tener origen y basarse en la más amplia participación de los
movimientos populares, en particular de los trabajadores organizados con
conciencia e independencia de clase y proponerse un horizonte anticapitalista y
por el socialismo, más allá de su denominación.
El Cono Sur tiene hoy un modelo de acumulación capitalista
basado, en gran medida, en los agro-negocios con algunas características
importantes: (i) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de
la renta de los recursos naturales, por lo general apropiado para una minoría
de la burguesía agraria asociada al paquete tecnológico en manos de las
transnacionales; (ii) proceso ampliado de re-primarización de las
exportaciones, que debe mucho, como consecuencia de la reestructuración
productiva, a la aplicación de la estrategia neoliberal de desarrollo en
nuestra región desde el siglo pasado; (iii) el regreso de la región como
proveedor de materias primas para la economía mundial, redefiniendo, en muchos
casos, la lógica de una inserción externa similar a la época colonial; (iv) el
creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el papel del
capital ficticio (especulativo, sin intención de producir en la tierra),
profundiza la concentración de la propiedad; (v) incremento del papel de las
empresas transnacionales como el agente fundamental del proceso extractivista y
depredador, incluyendo empresas locales como socios subordinados.
En asociación con esto observamos la permanencia de muchos
de nuestros países en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), una institución vinculada al Banco Mundial que
tiene por objeto salvaguardar los intereses de los inversores internacionales
en los eventuales litigios con algunos países; es decir, es una institución
que, a expensas de los intereses nacionales y regionales, garantiza la libre
circulación de capitales. Otro ejemplo de restricción institucional a las
estrategias de desarrollo alternativo es el mantenimiento de los procesos de
integración basado en una lógica heredera de los procesos de mercantilización
neoliberal. Uno de esos casos es la IIRSA que está diseñada dentro del modelo
productivo y para facilitar el dominio de las empresas transnacionales.
En síntesis: uno de los principales rasgos del proceso
político y económico del Cono Sur, y en general América del Sur, es la pérdida
de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la configuración del proceso de
acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división internacional
del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los
hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que
dispone América Latina. Las transnacionales han impuesto un modelo “re-primarizador”
de las economías latinoamericanas, cimentado en la explotación indiscriminada
de esas riquezas naturales. En diferentes países de la región es notorio el
alistamiento del territorio para proyectos en hidrocarburos, en minería, para
la construcción de nuevas represas, la explotación maderera, el acceso a
fuentes de agua, proyectos agro-combustibles o de producción de soja, entre
otros.
Los montos acumulados de inversión extranjera directa
implican un cambio estructural en las relaciones económicas del Cono Sur con el
exterior, que se ven reflejados en una incrementada presencia de las
corporaciones transnacionales en la actividad productiva y en consecuencia con
efectos de más largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. La IED
se concentra en los sectores industriales que recurren con intensidad a la
extracción de recursos naturales en el contexto de un proceso de
transnacionalización constituido por una red de empresas que tienden a generar
enclaves en los lugares donde se instalan, administran el comercio
internacional entre las filiales y, en la práctica, controlan los procesos
económicos nacionales. Tanto a nivel microeconómico (transferencia de
tecnología, generación de empleo, apertura de mercados) como macroeconómico (inversión,
crecimiento) es incontrastable que la IED no cumple los requisitos que debieran
exigirse para un desarrollo productivo con justicia social.
La presencia creciente de las corporaciones transnacionales implica que
controlarán una parte significativa del ahorro generado localmente, por lo que
cobra particular relevancia la política de reinversión de utilidades que
apliquen estas empresas en los próximos años. El uso de los excedentes por
parte de las transnacionales tendrá un impacto significativo en las futuras
tasas de crecimiento, la estructura productiva, la inserción internacional y la
distribución del ingreso, el cual seguramente no será positivo. Debe concluirse
que el actual proceso de extranjerización de la economía del cono sur fortalece
y consolida el capitalismo dependiente.
Es claro que en la actualidad la disputa por la renta de los
recursos naturales se ha acentuado entre las transnacionales y los procesos
presentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela. No sucede lo mismo en el cono sur,
donde los gobiernos progresistas son en extremo “generosos” con el capital
transnacional y, como consecuencia, buena parte del territorio de la región
está siendo adquirida por empresas transnacionales, lo cual tendrá
repercusiones incalculables en el largo plazo. Más allá de los discursos, los
programas de gobierno, las concepciones de política económica y la buena o mala
voluntad de quienes las implementan, se observa una “neo-colonización” que
atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno. El proceso
de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el
traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros, no es algo
novedoso. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la
aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.
Contra lo que otrora eran los discursos de la izquierda, hoy
las ventajas otorgadas por los gobiernos del Cono Sur al capital foráneo han
permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos de
cada país, donde en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional
con un nuevo formato político. En términos más amplios, en el mundo, el
capitalismo está en crisis, pero los capitalistas tienen capacidad para comprar
tierra, inmuebles y medios de producción en el sur, generando la
desnacionalización de nuestras economías. Un añejo libro de Eduardo Galeano:
“Las venas abiertas de América Latina”, mantiene toda su actualidad. Si bien se
aduce que las transnacionales son necesarias porque aportan el capital que en
América Latina no existe, lo real es exactamente lo contrario: vienen para
llevarse plusvalor y fortalecer el ciclo de la acumulación capitalista,
aumentado las ganancias y con ello la dominación.
La creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), tuvo
algunos aciertos políticos pero aún no tiene efectos en el plano económico. El
modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al
debilitamiento de la capacidad de intervención del estado, en particular en los
aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del
mercado. Se aprueban políticas de incentivos económicos a la inversión
extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y las leyes de promoción
de inversiones, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.
Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable
para la inversión extranjera, los gobiernos progresistas buscan su legitimación
a través de una estrategia que combina, la contención de las situaciones de
máxima pobreza con políticas asistencialistas; con un conjunto de cambios
institucionales y políticas que favorecen a ciertos sectores de los
trabajadores. La mayoría de las reformas se caracterizan por la creación y/o
perfeccionamiento de instituciones y agencias favorables al “libre” mercado, a
la inversión extranjera directa, a la circulación más abierta de capitales.
Supuesto básico de todas ellas es que la política debe ser sustituida por el
“saber técnico” en aquellas partes del estado que, de acurdo con ese criterio,
tienen que seguir existiendo para que la economía funcione. Así se desarrollan
e implementan “agencias autónomas”, con autoridades independientes de los
procesos electorales: las más notorias son los bancos centrales y las unidades
reguladoras de mercados. Actúan “técnicamente” al margen del estado y están
para intervenir en el diseño e implementación de cambios institucionales
favorables al capital.
Lo anteriormente señalado demuestra que el neoliberalismo,
que es a la vez una concepción ideológica, una forma de hacer política y el
modelo económico que expresa los intereses de los capitalistas, sigue
plenamente vigente. Lo que se explica, simple y llanamente, porque el capital
sigue siendo el sector dominante y ha crecido enormemente en esta etapa en
relación a las clases subordinadas. O dicho de una manera más directa hay una
profundización del dominio del capital sobre el trabajo en la etapa actual. Es
un proceso como dijimos que se articula desde las políticas de los estados
nacionales y en acuerdo, más allá de ciertas polémicas, con los organismos
internacionales.
Parece una paradoja afirmar que el dominio del capital crece
en el Cono Sur cuando es notorio que existen múltiples gobiernos llamados y/o
autollamados “progresistas”, “izquierdistas”, incluso, “revolucionarios”. La
existencia de estos gobiernos, sin embargo, no ha provocado una agudización de
la contradicción capital-trabajo, ni tampoco que exista un enfrentamiento con
el capitalismo; más aún, en muchos de estos países, se sostiene que el objetivo
es alcanzar un “capitalismo en serio”, un “capitalismo normal”. El progresismo
minimiza sus raíces en la izquierda cuando se asume que el Estado no tiene
recursos para invertir, que no existe ahorro en el sector privado nacional y
que la única fuente de recursos es la inversión que llega del exterior. De ahí
en adelante el problema es cómo atraer a los inversores foráneos, lo cual exige
poner a “disposición” de ellos los recursos naturales potencialmente más
rentables y, complementariamente, garantizar los derechos de propiedad y los
menores costos fiscales y salariales posibles.
El neo-desarrollismo es la fórmula progresista para
profundizar el capitalismo. En el progresismo gobernante de Brasil, Uruguay y
Argentina se ha profundizado enormemente la inversión extranjera y la
explotación de recursos naturales. Los gobiernos de estos tres países tienen
muchos elementos en común como, por ejemplo, la aplicación de políticas
asistencialistas, por supuesto con nombres distintos en cada uno de ellos y la
permanente reafirmación en todos los ámbitos de que son las fuerzas del cambio
que enfrentan a los partidos de derecha (nunca dicen al capital). La existencia
de gobiernos progresistas que tienen como finalidad ofrecer seguridades a los
inversores, ha generado la fragmentación de los movimientos populares. Esto se
explica porque estos gobiernos toman múltiples medidas que favorecen a algunos
sectores de la clase trabajadora y postergan a otros. Debe señalarse también
que la clase que tiene contradicciones internas importantes entre la lucha por
los objetivos históricos y programáticos y la preservación de beneficios, a
veces no menores, obtenidos con estos gobiernos, tales como, ampliación de
derechos sindicales, mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos
salariales. La lucha por el socialismo, sin embargo, ha quedado como una rémora
retorica que acompaña y convive con la lucha cotidiana por mantener lo obtenido
dentro del sistema capitalista.
En los factores del debilitamiento ideológico hay que
incluir, sería un error muy grande omitirlo, el impacto de la desaparición del
conocido como bloque socialista. Se podrá criticar a la U.R.S.S. por múltiples
razones, pero en el imaginario colectivo latinoamericano era la “garantía”
internacional para aquellos pueblos que podrían llegar a alguna forma de
liberación, como lo había demostrado en la revolución cubana. Cualquier
análisis político y geopolítico exigía reconocer la existencia de dos modelos
de producción en disputa, uno de los cuales estaba cayendo, el capitalismo, y
otro que avanzaba, el socialismo. Los revolucionarios, más allá de diferencias
ideológicas, se concebían como parte de un proyecto histórico que se estaba
realizando, con mayores o menores errores. La discusión sobre la ausencia de un
proyecto alternativo empezó, como tema cardinal, cuando cae el bloque socialista.
Por entonces la meta era claramente el establecimiento del socialismo y lo que
estaba en discusión era el programa y las vías para lograrlo. La principal
característica de esta tercera etapa de la ofensiva del capital, facilitada
políticamente por el progresismo, es la derrota ideológica. A pesar de que
existen gobiernos progresistas, no existe una conciencia anticapitalista, ni
predominan las organizaciones que luchan por el socialismo.
5.- Una ofensiva que
modificó reaccionariamente las relaciones sociales
En estos cuarenta años no solo se trató de mutar la relación
entre el capital y el trabajo, sino que el capital avanzó en el proceso de
subsunción formal y real del trabajo en el capital, subordinando a la
naturaleza y a la sociedad bajo el dominio del capital. La lógica de la
valorización se impuso desde la relación de explotación promoviendo la mayor
productividad del trabajo con extensión de la jornada laboral y una aceleración
del desarrollo científico, técnico y tecnológico. El camino de la potencia y
expansión de la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria contrarrestó los
efectos decrecientes en la tasa de ganancia a fines de los 60´ y comienzos de
los 70´. La ofensiva del capital modificó las formas de explotación de la
fuerza de trabajo e indujo la desorganización sindical, claro que con la
complicidad de las burocracias sindicales y políticas que lideraban la
organicidad institucionalizada del movimiento obrero.
Con la ofensiva sobre los trabajadores y sus conquistas
históricas, el programa del gran capital se orientó a variar el papel del
Estado capitalista, eliminando derechos sociales y económicos logrados por la
lucha popular y obrera de los años anteriores. Se habilitaron las
privatizaciones, las desregulaciones y un papel del Estado capitalista para
sostener el nuevo ciclo de acumulación de capitales. Ese es el marco de la
desregulación a escala global para favorecer la libre circulación de capitales,
servicios y mercancías para internacionalizar el proceso de valorización de los
capitales. Se trataba de eliminar las trabas a la expansión sin límite de la
esfera de la explotación. En ese camino había que profundizar la derrota
estratégica del movimiento obrero y otorgar ventaja al capital en la lucha de
clases. La ofensiva fue contra los trabajadores y su proyecto
socialista-comunista. Por ello y pese a las opiniones críticas que nos pueda
merecer la experiencia soviética, el colofón de esa ofensiva se operó entre
1989 y 1991.
Ese inicio con terror de Estado en nuestros territorios se
extendió al presente con el terrorismo mundial ejercido por el imperialismo
estadounidense, con la complicidad del sistema mundial de naciones y su
organicidad. Son las invasiones a Afganistán, a Irak y las intervenciones
militares sobre Libia y otros territorios, incluso el aliento a los golpes en
Honduras o Paraguay, con un gran despliegue militar con bases en todo el
planeta y nuevas aventuras políticas e ideológicas a favor del proyecto y la
ofensiva del capital. La violencia sostuvo el origen y permanencia del
capitalismo. No es una cuestión de mercado, de oferta y demanda, o de
oportunidades derivada de la eficiencia del capital. Es una cuestión de
correlación de fuerzas, económica, política, militar y cultural, que por ende
se juega también en el plano de las ideas y el consenso manufacturado por la
industria de los medios de comunicación, el cine y la televisión.
La violencia de las clases dominantes gestó la posibilidad
de la reestructuración regresiva del orden social mundial. Se puso fin a una
forma de la relación entre el trabajo y el capital; a un modo de ejercicio de
la función estatal; y a un tipo de relaciones internacionales para favorecer el
retiro de fronteras nacionales a la circulación del capital. Todo bajo las
modalidades desarrolladas mediante la revolución tecnológica del satélite y la
cibernética. El capitalismo mutó sustancialmente respecto de sus modos previos,
construidos en siglos desde la revolución agraria e industrial. El límite del
socialismo (bipolaridad) y los Estados nacionales, vigentes por medio siglo
entre 1930 y 1980 habilitó un nuevo lanzamiento del ciclo del capital,
subsumiendo al trabajo, la naturaleza y el capital.
El desarme moral expresado por la derrota del socialismo
real y la pérdida de un proyecto emancipador asumido masivamente por los
trabajadores y los pueblos, creó las condiciones de posibilidad para el éxito
del proyecto neoliberal, cuyo principal mérito transitaba por la ausencia de
una propuesta integral de carácter alternativa al capitalismo en desarrollo
desde la ruptura de la bipolaridad mundial. Más allá de la disputa por la
hegemonía capitalista, imaginada en los 80’ bajo el liderazgo de Japón; o en
los 90´ desde Europa y su moneda unificada; en el nuevo siglo se instaló un
imaginario de multipolaridad en el desarrollo capitalista. Hubo incluso quienes
imaginaron la posible irrupción de “países emergentes” en el liderazgo mundial,
especialmente China o incluso los BRICS (Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica). La imagen era el triunfo del capitalismo sobre cualquier orden
alternativo, un remedo del “fin de la historia” inaugurado en los 90’.
Estas son concepciones que escamotean a la “emergencia” como
territorio de valorización del capital ante los límites de una crisis
capitalista que se prolonga en el tiempo dificultando el proceso de producción
de ganancias, de acumulación de capitales y de dominación capitalista. El
problema sigue siendo el ámbito de la explotación capitalista. La
reestructuración reaccionaria del capital continuó su experiencia histórica de
desposesión, ampliando la esfera de la explotación. Qué mejor que exportar
“relaciones sociales de explotación” mediante inversiones externas directas a
países de gran población y empobrecida por el tipo de desarrollo capitalista construido
por siglos en el sistema mundial.
Los efectos de la crisis comienzan a trasladarse a nuestro
continente. Las nuevas contradicciones gestadas en el desarrollo capitalista
convocaron nuevamente a la crisis mundial. El año es el 2007 en Estados Unidos,
pero con antecedentes en ese país en el 2001, cuya respuesta fue un salto
adelante en el endeudamiento público y privado, tanto como la militarización de
la sociedad mundial.
Así como las crisis mundiales estallan en los territorios de
la hegemonía, en 1874, en 1930, o 1973, ahora nuevamente fue en Estados Unidos,
en Europa y en Japón, que no pueden esconder los límites que esas sociedades
expresan para la valorización. Pero el capital no se suicida y sale en busca de
territorios para la valorización. La transnacionalización es la base material
de ese operativo del proyecto a la ofensiva del capital. Es más, la crisis es
utilizada como chantaje para sostener a los capitales más concentrados con
subsidios e intervenciones estatales gigantescas para el salvataje de bancos y
empresas en problemas. La contrapartida es el desempleo, la baja de salarios,
la disminución del gasto público social, todas banderas levantadas en estas 4
décadas por los ideólogos y constructores del neoliberalismo para sostener el funcionamiento
del capitalismo contemporáneo.
La salida de la crisis es imaginada con ajuste y
liberalización, claro que a costa de la calidad de vida de los trabajadores y
los pueblos del mundo. Por eso, la regresividad ejecutada en Nuestramérica
entre los 70´ y los 90´ se aplica con crudeza en el último reducto del Estado
del Bienestar.
Es un hecho la crisis capitalista y la continuidad de la
ofensiva del capital, pero también constituye un dato la expectativa por el
cambio político construido en Nuestramérica.
6.- Los desafíos y
límites del progresismo ante la crisis
Si se reconoce que la caracterización de los gobiernos
progresistas es correcta, se vuelve necesario evaluar cuáles son los desafíos y
límites de esos gobiernos, teniendo en cuenta que esto es una aproximación que
no puede aplicarse mecánicamente a diferentes realidades. Parecería que el
progresismo tiene algunos desafíos y límites muy claros.
Un desafío, es, sin duda, la crisis mundial que se sigue
profundizando y más temprano que tarde va a afectar a nuestro continente. Vale
la pena recordar que las dictaduras militares fueron desplazadas en los años
ochenta en el marco de una gran crisis internacional, la crisis de la deuda;
los gobierno que implementaron el Consenso de Washington fueron derrotados
políticamente en el marco de la crisis de comienzo del milenio. El progresismo,
por su parte, deberá enfrentar, muy probablemente, una reducción de las
cantidades y de los precios de sus exportaciones junto con un aumento de la
tasa de interés internacional, todo lo cual alejará las inversiones de nuestro
continente, con todos los impactos negativos que esto tiene sobre la economía y
la sociedad en países cada vez más dependientes del capital extranjero. Las
contradicciones entre el capital y el trabajo se van a agudizar porque los
empresarios reivindicaran y exigirán recortes en el gasto público, reducción de
impuestos y flexibilización laboral. A los partidos que están en el gobierno
les será muy difícil demostrar que los resultados de la crisis son
independientes de su política económica, exagerando se podría afirmar que para
una buena parte de la población vale el dicho italiano: “piove, porco governo”.
En este caso, además, la crisis encuentra al Cono Sur en un proceso de
profundización de la dependencia y de la vulnerabilidad social, lo que no es
nada menor. Decimos profundización de la vulnerabilidad social, porque estos
gobiernos han gastado muchos recursos en políticas asistencialistas que, como
tales, no pueden sostenerse cuando la crisis reduzca los ingresos del estado.
Las personas beneficiadas por el asistencialismo seguirán siendo tan
vulnerables como antes, no han cambiado, no tuvieron formación ni oportunidades
de trabajo generadas por el desarrollo de matrices productivas incluyentes ni,
tampoco, nuevas formas de inserción social. Solo superan la línea de indigencia
o de pobreza por un subsidio económico que en nada cambia lo esencial de sus
vidas.
Un segundo desafío, es la política agresiva de los Estados
Unidos que ha vuelto a poner los ojos en América Latina. Veamos varios
ejemplos: Honduras (la destitución de Zelaya); Paraguay (la destitución de
Lugo); la ofensiva desestabilizadora contra Bolivia; el hostigamiento al
gobierno de Venezuela; la instalación de bases militares en Colombia; la cuarta
flota en el Atlántico. Estados Unidos busca el control de América Latina a
través de gobiernos totalmente confiables y permeables a sus decisiones. El
progresismo y sus discursos internacionalistas ambiguos no garantizan la
estabilidad que requiere el capital transnacional. El limite pudiera ser el
agotamiento de estos gobiernos progresistas para poder ampliar o, siquiera
mantener, las políticas favorables al trabajo (derechos sindicales, condiciones
de trabajo, aumentos salariales) y a los excluidos (planes de emergencia, bolsa
familia, etcétera), que consolide su base popular sin un enfrentamiento crucial
con el capital. Por ahora, la confrontación se ha evitado de múltiples maneras
para mantener y acrecentar la Inversión Extranjera Directa. Estos gobiernos se
han caracterizado por mejorar los ingresos reales de los trabajadores, aunque
en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital. Se redistribuye
parcialmente la renta, pero se acrecienta la concentración de la riqueza
acumulada.
Los escenarios posibles en caso de una agudización de la
crisis internacional que impacte sobre nuestros países son tres: 1) Algunos
gobiernos pueden asumir el modelo de ajuste del Fondo Monetario y,
probablemente, están condenados a ser derrotados electoralmente junto con la
agudización de la crisis, porque las políticas de ajuste golpearan directamente
a su base social: a los trabajadores, a los pasivos y todas aquellas familias
que reciben actualmente asistencia económica del Estado para paliar la pobreza,
cuando no la indigencia. 2) Otros gobiernos progresistas pueden fijarse como
meta proteger los ingresos de los trabajadores y pasivos por medio de políticas
fiscales deficitarias, sostenidas con endeudamiento, que le permitan sostener
políticas anti-cíclicas. Tratarían de evitar así la confrontación directa con
el capital que generaría un aumento de la carga impositiva para financiar
dichas políticas. Esos gobiernos pueden mantener apoyo popular pero deberán
enfrentar fuerte resistencia del capital. Lo que pude pasar con ellos, desde el
punto de vista de la continuidad política, dependerá básicamente de su
capacidad para controlar la ofensiva táctica de los empresarios y sus medios de
comunicación, a la vez, que mantienen el control de la economía y el apoyo de
su base social. 3) Por último, pude haber gobiernos que asuman la crisis como
una oportunidad para impulsar una política clara de carácter nacional y
revolucionario, que afecte directamente a la riqueza acumulada y la renta del
capital. Ese será, posiblemente, la decisión y el desafió que pudieran tener
verdaderos gobiernos de izquierda. Claro que más allá de estos escenarios, la
lucha de clases continúa, y la mirada no puede quedarse en el campo
institucional. Nuestra hipótesis es que más allá de la iniciativa política de
los Gobiernos y los Estados, la iniciativa política popular es la que en
definitiva resuelve el curso de los acontecimientos. En ese caso, los gobiernos
progresistas acompañarán el proceso o serán superados por el accionar de masas.
Producto de la resistencia popular a los ajustes y
reestructuraciones regresivas de los 80´y 90´ se crearon condiciones para el
cambio político, es el trayecto de nuevas experiencias por el socialismo del
Siglo XXI o la re-significación del vivir bien o el buen vivir que inscribieron
los pueblos boliviano y ecuatoriano en sus reformas constitucionales.
Reaparecen condiciones objetivas y subjetivas para refundar un ciclo de
ofensiva popular en una renovada búsqueda por construir relaciones sociales sin
explotados y explotadores.
El resultado no está determinado a priori. Es cuestión de
lucha, de lucha de clases, de confrontación para hacer emerger un proyecto
alternativo, antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Se trata de
una tarea civilizatoria, de la práctica y el pensamiento de los trabajadores y
los pueblos. Es una realidad que se construye en el imaginario social de
nuestro tiempo. Así como en 1848 se sentaron las bases de una teoría y práctica
de la revolución, a más de dos décadas de 1990, y en el marco de la crisis
capitalista, se renueva las condiciones para impulsar la lucha emancipadora contra
el régimen del capital.