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Karl Marx ✆ Donatien Mary
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Pedro María Rey Araújo
El colapso definitivo del modelo de crecimiento español
durante el período 1995-2007 se revela no como una crisis estrictamente de su
modelo productivo, sino que afecta a la práctica totalidad de las instituciones
económicas, políticas y sociales que habían regulado la convivencia social
durante el período en cuestión. La amplitud de sus efectos dislocadores no se
corresponde pues con una interrupción coyuntural de sus mecanismos reguladores,
sino con la quiebra definitiva de sus elementos institucionales constitutivos,
es decir, asistimos en la actualidad a una crisis orgánica de la formación
social española, en la cual el retorno al modelo anterior se muestra imposible,
y el cariz de su futura rearticulación apenas se puede vislumbrar. Las
dinámicas estructurales del modo de producción capitalista no pueden ser
estudiadas en abstracto sin atender al contexto en el cual se presentan. Es
necesario atender a su manifestación concreta en cada instancia particular para
aprehender cómo sus componentes se relacionan entre sí, así como cuales son las
tendencias contradictorias que alberga en su seno.
El presente artículo hará uso de la teoría de las
Estructuras Sociales de Acumulación (ESA) para aprehender el carácter
estructural de las tendencias que irrevocablemente dirigían al antaño aclamado
modelo de crecimiento español hacia su eventual disolución. Uno de los
postulados fundamentales de la teoría reza que, una vez la ulterior contención
de sus contradicciones internas se demuestra imposible, un período de
reconfiguración institucional dará comienzo para sentar las bases
institucionales del próximo período de estabilidad. Sin embargo, entendemos que
los términos de la resolución política de la crisis están relativamente poco
desarrollados en la literatura correspondiente. Con tal motivo, proponemos
combinar la atención a las dinámicas estructurales del proceso de acumulación
propia de la teoría de las ESA con las teorías de la hegemonía y el populismo
del pensador argentino Ernesto Laclau.
La particularidad de la crisis sistémica en España permite
asimilarla a lo que Laclau denomina ‘situaciones populistas’, esto es,
situaciones marcadas por un alto grado de des-institucionalización debido a la
proliferación de una gran variedad de demandas heterogéneas que la
institucionalidad vigente es incapaz de satisfacer, siendo susceptibles de ser
rearticuladas en un movimiento político con voluntad transformadora. Para ello,
es estrictamente necesario que una nueva demanda se constituya como
representante de la coalición resultante. El último apartado justificará por
qué la demanda por la reducción de la jornada laboral puede cumplir esa
función. Es necesario remarcar que el presente trabajo no pretende ofrecer un
propuesta de su aplicación efectiva en términos de política económica, pese a
ser ésta una cuestión de extrema importancia. En su lugar se hará hincapié,
desde la perspectiva de la economía política, en las posibilidades que ofrece
para superar la alta fragmentación actual de la clase trabajadora, así como en
el carácter marcadamente progresista o emancipatorio del movimiento resultante.
Las
estructuras sociales de acumulación
La teoría de las Estructuras Sociales de Acumulación (ESA),
desarrollada inicialmente por David Gordon, Richard Edwards y Michael Reich
(1982), constituye un intento de integrar en un mismo cuerpo teórico la teoría
Marxista de la acumulación con la teoría de las ondas largas del capitalismo,
con el objetivo de analizar la evolución diacrónica del modo de producción
capitalista en base a la sucesión de períodos de estabilidad institucional y su
ulterior desintegración. Al definir una ESA como ‘todas las instituciones que
influyen en el proceso de acumulación’ (Gordon et al. 1982:42), afirman la
necesidad de un entorno institucional que satisfaga los requisitos de
estabilidad y predictibilidad necesarios para un correcto funcionamiento del
proceso de acumulación, más allá de los meros cálculos de rentabilidad
implícitos en toda inversión. De esta forma, un conjunto estable de
instituciones permitiría, durante un cierto tiempo, un comportamiento favorable
de la acumulación de capital, y del crecimiento económico por extensión. Sin
embargo, toda estructura institucional estable alberga en su seno una serie de
contradicciones que, llegado el momento, desbordan el andamiaje institucional
que las contiene y fuerzan su reconstrucción. De esta forma, se da lugar a un
período de intensa disputa política por definir las bases sobre las cuales la
actividad económica se fundamentará durante las décadas venideras.
La literatura inicial sobre las ESA postula una relación
directa entre estabilidad institucional, vigorosa acumulación y rápido
crecimiento, no cabe duda, debido al momento histórico en el cual emerge. La
etapa de posguerra, caracterizada por una coexistencia relativamente pacífica
entre capital y trabajo fundamentada en altas y constantes tasas de crecimiento
del producto agregado, constituye una excepción en términos históricos. Sin
embargo, una vez que los efectos dislocadores de aquellas reformas
institucionales que propician el inicio del neoliberalismo como etapa histórica
diferenciada son finalmente estabilizados, la arquitectura institucional
resultante obliga a una reformulación profunda de la teoría. La coexistencia de
un alto grado de estabilidad y complementariedad institucional con tasas de
crecimiento del producto agregado y de la productividad del factor trabajo
relativamente inferiores a las obtenidas en el período anterior obliga a
considerar como contingente la relación entre estabilidad y crecimiento
económico, postulada como constitutiva en su formulación inicial.
Tras la emergencia de diversas voces en la década de 1990
respecto de la caracterización del neoliberalismo como una ESA exitosa (e.g.
Lippit, 1997; Reich, 1997), Kotz (2003) y Wolfson
(2003)), respectivamente, proceden a reformular el concepto de ESA como:
"Un conjunto
coherente de instituciones económicas, políticas y cultural-ideológicas que
proporciona una estructura para la actividad económica capitalista. [Dicha
estructura] favorece la apropiación de plusvalía, cuya búsqueda da forma al
circuito del capital. La plusvalía tiene varios usos, uno de los cuales es la
acumulación de capital (Kotz, 2003: 264).
Ambos denuncian, de forma correcta, la existencia de un
ilegítimo salto conceptual en Gordon et al. (1982) al pasar de una discusión
sobre el apoyo cualitativo que las instituciones confieren a las diversas fases
del circuito del capital, a consideraciones cuantitativas sobre el ritmo del
proceso de acumulación (Kotz and Wolfson, 2010). El capitalista individual
estará interesado en la obtención sostenida de plusvalía, siendo el ritmo de la
acumulación estructural un resultado implícito, mas no perseguido, de las
respectivas decisiones individuales.
La clase capitalista estará interesada en unas instituciones
estables que favorezcan un funcionamiento correcto a lo largo del circuito del
capital [M-C-C’-M’], pero las condiciones que permitan la reinversión del
término final, M’, en el circuito del capital de nuevo, de forma que la
acumulación de capital tenga lugar, dependerán de la estructura concreta de
dichas instituciones. Kotz y Wolfson (2010) distinguirán entre dos tipos
ideales de ESA empleando como criterio rector las condiciones que permitan tal
reinversión en el circuito productivo. Por un lado se encuentran las ESA
Liberales, caracterizadas por una clara dominación del capital sobre el
trabajo, una competencia agresiva entre los capitalistas individuales, moderada
intervención del Estado en la economía, y una ideología generalmente
individualista. Por otro lado, las ESA Reguladas estarán marcadas por un cierto
acuerdo entre capital y trabajo, una coexistencia pacífica entre los grandes
capitales, activa intervención por parte del Estado en la regulación económica,
y una ideología dominante que favorece la regulación ‘mixta’ de la economía. De
esta forma, siendo los dos tipos de ESA ensamblajes institucionales
potencialmente exitosos desde el punto de vista del capitalista individual, en
tanto que permiten una extracción de plusvalía sostenida en el tiempo,
solamente las ESA Reguladas serán susceptibles de proporcionar un entorno
favorable para la acumulación de capital. El carácter anárquico de la
competencia intra-capitalista junto con el deterioro paralelo de las relaciones
laborales, ambos fenómenos constitutivos de las ESA Liberales, de las que la
institucionalidad neoliberal constituiría un ejemplo, incentivan la reinversión
de la plusvalía en actividades de carácter especulativo en lugar de en el
aparato productivo. Con esta distinción en mente, las particularidades y
contradicciones de la ESA Neoliberal son susceptibles de ser identificadas con
mayor facilidad/1.
Ciertamente, la reformulación teórica introducida por Kotz y
Wolfson (2010) constituye un avance significativo respecto a anteriores
versiones, al cambiar el enfoque del proceso de acumulación al apoyo que presta
el entramado institucional al circuito del capital. Sin embargo, el privilegio
teórico-ontológico otorgado a la pacificación de la contradicción
capital-trabajo corre el peligro de introducir ciertos vicios reduccionistas y
esencialistas en su intento por aprehender la naturaleza heterogénea de las
estructuras institucionales capitalistas/2. En su lugar, resulta más provechoso
concebir cada estructura institucional no como un intento satisfactorio de
estabilizar la contradicción central de toda sociedad capitalista, sino como un
complejo conformado por instituciones cuyos efectos son potencialmente
contradictorios, de forma que cada una está sobre-determinada por todas las
restantes, esto es, cada esfera refleja y contiene el carácter contradictorio
de las restantes/3. De esta forma, se evita postular una de ellas como la
‘verdad oculta’ de la totalidad, relegando las restantes al status de meros epifenómenos. El
rechazo a garantizar un status ontológico
diferenciado a una esfera concreta permite aprehender la heterogeneidad
constitutiva de lo social con un mayor grado de precisión.
En resumen, una ESA exitosa no será aquella que se encuentre
libre de contradicciones internas, sino precisamente aquélla en la cual las
contradicciones que la constituyen se refuercen mutuamente, proporcionando así
estabilidad al conjunto como resultado de su mutuo equilibrio. El modelo de
crecimiento de la economía española en el período 1995-2007 ofrece un ejemplo
paradigmático de una ESA Liberal, cuya propia supervivencia depende no de la
ausencia de tendencias contradictorias en su seno, sino de cómo un conjunto
heterogéneo de tendencias potencialmente explosivas encuentran acomodo en su
integración complementaria con las restantes. En particular, la fuerte contracción
salarial favorecida por la integración española en el Sistema Monetario
Europeo; la emergencia de burbujas especulativas en el sector de la
construcción, junto con la desproporción sectorial aparejada a la misma; o el
excesivo grado de apalancamiento de los hogares, bastarían por sí solas para
poner en jaque a la estructura institucional en su conjunto. Paradójicamente,
el mutuo apoyo que dichas tendencias se han conferido entre sí permite explicar
tanto la duración como la intensidad del modelo de crecimiento español. Sin
embargo, la necesaria implosión interna del modelo revela finalmente, más allá
de ciertas ilusiones emergidas al amparo de la burbuja inmobiliaria, el
carácter extremadamente precario de dicha articulación.
El
neoliberalismo en España: 1995-2007
La inclusión del modelo español 1995-2007 dentro del grupo
más amplio de ESA Liberales implica reconocer un cierto elemento de similitud
con respecto a otros períodos históricos, fundamentado en un grado alto de
coherencia entre aquellas esferas constitutivas de toda formación social
capitalista, tales como la regulación de la competencia intra-capitalista o el
conflicto capital-trabajo/4. Sin embargo, reconocer un cierto isomorfismo en lo
tocante a la organización del circuito del capital no implica en absoluto
postular una mera repetición histórica.
El ciclo expansivo 1995-2007 de la economía española
comienza fundamentado sobre dos pilares ya establecidos en el momento de
comienzo de la expansión. Por un lado, la herencia del desarrollismo Franquista
perdura en la especialización relativa en los sectores turismo y construcción,
pilares a su vez del anterior boom del período 1986-1991, y
exacerbada por los procesos de desindustrialización acaecidos durante la década
de 1980. Por otro lado, los ‘criterios de convergencia’ resultantes del Tratado
de Maastricht (contención de la inflación, gasto público y tipos de interés)
institucionalizan un modelo de crecimiento en el cual los tipos de cambio fijos
sitúan a los salarios como única variable de ajuste en términos de
competitividad exterior, en un contexto en el cual el sector industrial carece
de relevancia para convertirse en fuente significativa de incrementos de
productividad.
GRÁFICO 1
Fuente:
Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE (1995=100).
Considerando la paralela reducción del gasto público en
relación al PIB, acotado estructuralmente por los criterios de convergencia
relativos al déficit y deuda públicos, cabría esperar la inminente ocurrencia
de un ‘problema de realización’ debido a la resultante relación contradictoria
entre las condiciones necesarias para la producción de plusvalía y aquellas
requeridas para su ulterior realización (ver Gráfico 1). Cabría esperar,
quizás, que tal problema fuese pospuesto temporalmente mediante un incremento
de las exportaciones al resto de países integrantes del Sistema Monetario
Europeo. Sin embargo, es paradójicamente la demanda interna el componente que
ejerce de locomotora última del proceso de crecimiento, en aparente
contradicción con las explicaciones ortodoxas al respecto (López y Rodríguez,
2011).
La explicación ha de ser buscada en la peculiar combinación
de, por un lado, un masivo endeudamiento privado (familias y empresas) que
permite compensar las nuevas restricciones que operan sobre los niveles
permisibles de gasto público y las posibilidades de endeudamiento estatal y,
por otro, el papel desempeñado por un sector de la construcción constituido
alrededor de una masiva burbuja especulativa en torno a los precios de la
vivienda. Resulta evidente que tanto un exceso de apalancamiento por parte de
los agentes privados, como la existencia de un mercado cuyos precios divergen
crecientemente respecto de sus condicionantes fundamentales, son tendencias
cuya perpetuación indefinida es a todas luces imposible. Sin embargo, la forma
en la cual estas tendencias inherentemente explosivas encuentran apoyo en las
restantes, posibilitando así su extensión en el tiempo, constituirá la
idiosincrasia propia del modelo español, y la razón última de su coherencia
interna.
López y Rodríguez (2010) señalan cómo al inicio del ciclo
expansivo ya se encontraban en pie los elementos constitutivos del ciclo
inmobiliario español. A la herencia recibida del modelo franquista en términos
de especialización productiva, exacerbada a su vez por el breve ciclo expansivo
1986-1991, habrá que añadir la drástica bajada de los tipos de interés tras la
introducción de los programas de convergencia derivados de Maastricht, los
cuales significan unos menores costes de endeudamiento tanto para una clase
trabajadora en situación de estancamiento salarial, como para una clase de
promotores ávidos de ganancias; la fuerte caída en la provisión pública de
viviendas de protección oficial, generando un masa ingente de potenciales
compradores; junto con la funcionalidad de una amplia red de aeropuertos,
autopistas y trenes de alta velocidad que continuará su expansión a lo largo de
la década siguiente.
GRÁFICO 2
Fuente:
Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE (1995=100).
La particularidad de la burbuja inmobiliaria reside en el
hecho de haberse constituido como fundamento último de las espectaculares
trayectorias tanto del consumo como de la inversión en el período en cuestión
(ver Gráfico 2). En lo relativo a la inversión, unos niveles de Formación Bruta
de Capital Fijo (del 21,5 % del PIB en 1995, al 30,7 % en 2008)
superiores a la media europea en el mismo período encubren un marcado desajuste
sectorial que explica los muy pobres resultados en términos de productividad
laboral en relación al resto de países del entorno europeo (Recio y Banyuls,
2004). En el periodo 95-07, el 67 % del total de la inversión se
relaciona, directa o indirectamente, con el auge de la construcción (Mateo y
Montanyà, 2014). Sin embargo, la creación de más de 7 millones de puestos de
trabajo en la economía en su conjunto explican que la dotación de capital por
trabajador no se haya incrementado sustancialmente en el período, explicando
así la progresiva pérdida de competitividad relativa de la economía española,
de forma que ‘los sectores con una tasa de acumulación más intensa se han
caracterizado por ser muy intensivos en la creación de empleo pero con
importantes descensos de la productividad laboral’ (Mateo, 2014:89). Las
interpretaciones ortodoxas del comportamiento de la inversión hubieran predicho
que tal evolución de la productividad laboral habría puesto freno por sí sola
al comportamiento expansivo de la inversión. Un análisis holístico de los
determinantes de la inversión, en cambio, permite aprehender la funcionalidad
de cada componente del complejo institucional, en lugar de cancelar tales explicaciones
en base a su supuesta irracionalidad. De hecho, como apuntan López y Rodríguez
(2010:206), a pesar de las ‘lamentaciones acerca del problema de la baja
productividad española, lo cierto es que la laxitud de este índice parece haber
servido más de empuje al ciclo económico que de obstáculo al mismo’.
En lo referente al consumo, el crecimiento de los precios de
los activos inmobiliarios por encima de sus valores fundamentales, en un país
con un masivo predominio de la vivienda en propiedad, constituye el pilar
fundamental sobre el cual se sustenta el consumo interno en un contexto de
intensa contención salarial, mediante la operación de un marcado
‘efecto-riqueza’. Más allá de una mayor propensión al consumo resultado de un
cierto clima de euforia colectiva al abrigo de unas expectativas de crecimiento
del valor de los activos inmobiliarios en propiedad, resulta fundamental el
masivo recurso al endeudamiento por parte de los hogares mediante el uso de sus
activos inmobiliarios como colateral de los mismos (López y Rodríguez, 2010)
hasta el punto de convertirse en 2004 en demandantes netos de financiación (ver
Gráfico 3):
GRÁFICO 3
Fuente:
Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE, y Cuentas
Financieras, Banco de España (1995=100).
Por último, este desarrollo no hubiese tenido lugar de no
ser por el papel activo jugado por el sector financiero en cada una de las
partes del proceso, desde proporcionar líneas de crédito a los hogares con
garantía hipotecaria, a suministrarlo masivamente a promotores y constructoras
para acometer sucesivas rondas de construcción inmobiliaria (Gráfico 4). Sin un
sistema financiero dispuesto a prestar su apoyo a todos los elementos del ciclo
de capital inmobiliario, la prolongación del modelo durante más de una década
habría sido una quimera.
GRÁFICO 4
Fuente:
Elaboración propia a partir de Cuentas Financieras, Banco de España (1995=100).
En definitiva, cada uno de los principales componentes del
antaño aclamado modelo de crecimiento español contenía dinámicas potencialmente
explosivas en su seno. La intención de este análisis no es la de ofrecer una
explicación exhaustiva de cómo el neoliberalismo ha logrado perpetuarse durante
prácticamente tres lustros, sino el de destacar cómo la estabilidad
institucional a nivel agregado es posibilitada por los efectos recíprocos de
co-implicación y mutuo re-equilibrio entre esferas institucionales que, cuando
son analizadas separadamente, revelan una naturaleza inherentemente
contradictoria/5. Por ejemplo la burbuja inmobiliaria no habría sido posible
sin un sector financiero dispuesto a proporcionar la necesaria financiación a
promotores, constructoras y administraciones públicas, ni unos hogares
dispuestos a endeudarse para poder realizar el valor de las sucesivas
promociones inmobiliaria. A su vez, la necesidad de éstos de endeudarse se
deriva parcialmente de un estancamiento salarial generalizado que constituye
una de las razones últimas de la pujanza del turismo hispano, elemento capital
para comprender la magnitud de la explosión de activos inmobiliarios. En definitiva,
la racionalidad del modelo de crecimiento español sólo puede ser aprehendida
mediante un análisis holístico de sus equilibrios internos
La teoría de las ESA concluye que una vez que las
contradicciones internas al modelo no pueden ser ya postergadas, se sucede un
período de reestructuración institucional en el cual diversos actores
participarán en una contienda de naturaleza política por sentar las bases
institucionales del siguiente período de estabilidad, es decir, emerge una
situación de crisis orgánica. Los dos siguientes apartados explorarán la
naturaleza de la presente crisis orgánica española y las potenciales vías de
recomposición. La teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau será empleada para
iluminar ciertos aspectos, insuficientemente teorizados en nuestra opinión,
dentro de la literatura de las ESA/6.
La disputa
política en la teoría de las ESA
Uno de los postulados fundamentales de la teoría de las ESA
es que todo período de estabilidad institucional porta dinámicas
contradictorias que, una vez su ulterior contención se muestra imposible, abren
un período de disputa política por redefinir las bases institucionales sobre
las cuales la actividad económica, y la vida social en su conjunto por
extensión, se asentarán durante las décadas venideras. Sin embargo, pese a
reconocer desde sus inicios la naturaleza eminentemente política de tal
reconfiguración, un gran número de sus interpretaciones principales introducen
subrepticiamente un cierto economicismo en lo referente a su resolución. Por ejemplo,
cuando Gordon et al. (1982:58) afirman que ‘la construcción de una ESA requiere
acciones conscientes y explícitas por parte de líderes políticos’, muestran
implícitamente un enfoque considerablemente reduccionista al otorgar prioridad
a las modificaciones introducidas por el capital, de forma auto-consciente, en
la organización del proceso de trabajo.
Posteriormente, Kotz (1994) postula que en tiempos de crisis
orgánica no es necesario que la siguiente ESA al completo sea instituida para
que la actividad económica se recupere, sino que será suficiente con establecer
un conjunto de instituciones ‘centrales’, aquellas que pacifiquen la relación
capital-trabajo. Kotz y Wolfson (2010:80) seguirán esta intuición hasta el
punto de afirmar que ‘todas las instituciones que constituyen una ESA,
incluidas las correspondientes al neoliberalismo, reflejan la estabilización
(temporal) de las contradicciones del capitalismo [las internas a cada clase
junto con aquélla entre capital-trabajo]’. Establecer la neutralización de la
contradicción capital-trabajo como momento central en todo proceso de
construcción institucional profundo es, precisamente, lo que les permite
postular una cierta coherencia histórica fundamentada en la alternancia entre
ESA Liberales y Reguladas/7. La formulación de Kotz y Wolfson muestra, sin
embargo, un marcado sesgo reduccionista al postular la resolución del conflicto
capital-trabajo, uno de los muchos que permean toda sociedad capitalista, como
la ‘verdad oculta’ de toda remodelación institucional profunda, corriendo así
el riesgo de minusvalorar la importancia de otras luchas en lo relativo a la
obtención de la estabilidad social necesaria para una actividad económica
sostenida en el tiempo.
Dentro de la literatura de las ESA, las aportaciones más
relevantes para teorizar la contienda política en tiempos de crisis orgánica en
términos marcadamente ‘anti-esencialistas’ se encuentran en la obra reciente de
Lippit (2005, 2010, 2014). Contrario a los privilegios otorgados por las
formulaciones anteriores a la contradicción capital-trabajo en lo relativo a la
configuración de las disputas políticas en tiempos de crisis sistémica, Lippit
destaca la importancia de todas aquellas luchas y conflictos que, a pesar de
sólo ser afectados tangencialmente por las dinámicas internas al proceso de
producción, son fundamentales para comprender tanto los diversos alineamientos
políticos como su ulterior resolución.
"Cuando se
consideren las fuerzas que pueden socavar cada institución y, en última
instancia, la estructura de la cual forma parte, el rol jugado por su
interacción con otras instituciones, el conjunto de procesos sociales y otros
factores exógenos debe ser reconocido, junto con aquellas contradicciones
internas que tienden a emerger en cada institución". (Lippit, 2010:66)
Aprehender correctamente cómo las diversas instituciones,
contradicciones y conflictos que recorren la totalidad del campo social se
relacionan entre sí se torna fundamental para poder comprender las dinámicas de
la disputa política en tiempos de redefinición institucional. La penetración
durante la etapa neoliberal de la lógica mercantil en multitud de esferas,
anteriormente salvaguardadas de su influjo, obliga a prestar un grado mayor de
atención a todos aquellos conflictos no asimilables estrictamente a una lógica
de clase. La progresiva fragmentación sufrida por la clase trabajadora en las
últimas décadas, junto con la multiplicidad de identidades que emanan de tal
proceso, hacen imposible seguir concibiendo a las antiguas organizaciones
políticas de la clase obrera como ejes centrales de todo proceso transformador
en las sociedades occidentales. Más aún, no solamente resulta inconcebible un
proceso transformador que no reconozca la radical heterogeneidad de las luchas
susceptibles de ser re-articuladas en un bloque con voluntad transformadora,
sino que el mero hecho de no aprehenderlas correctamente hace el propio campo
político ininteligible en términos de estrategia. En palabras de Lippit
(2010:64):
"El conflicto de
clase es, por supuesto, una de las luchas principales que caracterizan a una
sociedad capitalista. [Sin embargo,] privilegiar el conflicto de clase hasta el
punto de excluir otros conflictos limita nuestra concepción de la naturaleza de
una ESA y del tiempo necesario para formar directa existente entre la tasa de
ganancia en una economía dada y el grado de contención de la contradicción
capital-trabajo, ésta requiere del apoyo suministrado no sólo por aquellas
instituciones que la afectan directamente, sino que es necesario que la
multiplicidad de identidades y conflictos que constituyen lo social encuentren
acomodo también en la estructura institucional resultante."
Crisis
orgánicas y situaciones populistas
En los apartados anteriores argumentamos que los diversos
ensamblajes institucionales que recubren el circuito del capital en una
sociedad dada pueden ser, en última instancia, agrupados en dos grandes
categorías. Un corolario a tal afirmación es que la tipología de crisis
sistémicas correspondiente a cada variedad de ESA difieren de igual manera
(Kotz, 2013).
Las ESA Reguladas, caracterizadas por un cierto grado de
cooperación entre capital y trabajo, junto con un grado alto de intervención
estatal en la regulación económica, tienden a producir un empoderamiento de la clase
trabajadora que desemboca en problemas sistémicos debido a la ‘reducción de
ganancias’ (profit-squeeze). La tasa
de beneficios tiende a descender progresivamente en cada ciclo económico,
produciéndose una progresiva erosión de la estructura institucional imperante
hasta el momento (Kotz, 2013). Kotz (2010) ofrece dos motivos principales por
los cuales las crisis sistémicas resultantes de las ESA Reguladas tienden a ser
más suaves (mild) que aquéllas derivadas de las ESA Liberales. Por un lado,
dado que los problemas emergen en la capacidad de producción de plusvalía,
principalmente debido al mayor poder de negociación disfrutado por la clase
trabajadora durante la fase expansiva, una acción concertada por parte del
capital encaminada a restituir su supremacía ofrecería una potencial salida
(por ejemplo, implementar altas tasas de desempleo como mecanismo
disciplinante)/8. Por otro lado, la intervención activa por parte del Estado
durante la fase de expansión garantiza que disfrutará de los medios apropiados
para implementar dichas políticas llegado el momento. Por ejemplo, como
respuesta a los problemas estructurales de la década de 1970, fue suficiente
inducir políticamente una ‘Gran Represión’ (Bowles et al., 1990), reduciendo
activamente los programas sociales y atacando deliberadamente a las
organizaciones sindicales (Rosenberg, 2010), para restituir las condiciones de
rentabilidad del capital. Por estos motivos, las crisis resultantes serán más
‘suaves’ desde la perspectiva de la supervivencia última del sistema (Kotz,
2010).
En cambio, las ESA Liberales ofrecen una perspectiva
considerablemente diferente. Las instituciones que las conforman favorecen, en
general, la generación de plusvalía pero complican su ulterior realización,
albergando en su seno tendencias inmanentes a la ocurrencia de crisis de
‘sobre-producción’ (Kotz, 2009)/9.
Ha sido argumentado con anterioridad cómo dicho problema de
realización en el período 1995-2007 en España pudo ser postergado mediante la
operación de tendencias compensatorias, insostenibles en el largo plazo, como
la existencia de burbujas especulativas en los mercados de activos o un
desorbitado nivel de apalancamiento de los hogares. Llegado el momento, el
retorno de los precios de los mercados de activos a sus valores fundamentales
fuerza el colapso repentino de aquellas instituciones que se habían sostenido
sobre la existencia de burbujas especulativas. En lugar de un largo período de
inestabilidad, asistimos a un proceso de repentina desintegración institucional
no susceptible de ser subsanado mediante modificaciones parciales de la
estructura institucional. La crisis sistémica resultante será entonces una
‘grave (severe) crisis estructural de acumulación’ (Kotz, 2010).
En lo referente a las oportunidades de intervención política
con miras a una transformación interna al capitalismo en una línea
emancipatoria, las crisis de ‘sobre-producción’ deparan una situación
paradójica. Por un lado, los potenciales movimientos opositores al orden
capitalista llegan al momento de crisis en una situación de debilidad y
fragmentación, fruto del efecto de las tendencias anteriores. Llegado el
momento de la contienda política por constituir las bases institucionales que
han de regular la convivencia futura, es posible que no exista un sujeto
político, ya conformado, susceptible de ofrecer una oposición efectiva. Por
otro lado, sin embargo, la profundidad de los desequilibrios resultantes de la
implosión de sus contradictorias e inmanentes tendencias garantizan que el
período de descomposición institucional será necesariamente largo (Kotz, 2013),
por lo que resulta concebible que tal sujeto emerja en el transcurso de la
crisis.
En resumen, el período de inestabilidad institucional
derivado de la implosión de las dinámicas internas que anteriormente habían
sostenido el modelo español 1995-2007 será necesariamente largo, debido a la
profundidad de las modificaciones institucionales requeridas. Restituir el
funcionamiento de un bloque institucional no será suficiente pues, como ha sido
ya indicado, lo que es necesario restituir es la totalidad del complejo
institucional que recubre al circuito del capital. No simplemente uno de sus
componentes, sino el carácter virtuoso de las interacciones entre los mismos.
Como fue argumentado en el apartado 3, ninguno de los principales componentes
del modelo de acumulación (creciente endeudamiento de los hogares, pujanza de
la demanda interna en un entorno de contención salarial, burbujas especulativas
en los mercados de activos) era sostenible en el largo plazo. Dado que lo que
explica la relativamente larga pervivencia del modelo español es la
complementariedad existente entre los mismos, una modificación parcial que sólo
refiera a una de ellos no podrá dar lugar a un nuevo ciclo de acumulación. Por
ejemplo, en el improbable caso de un alza generalizada de las retribuciones
salariales, es altamente dudoso que permitan el fortalecimiento del consumo
interno en lugar de contribuir a reducir los niveles de endeudamiento ya
acumulados. Además, tanto la ideología eminentemente individualista como el
proceso de fragmentación social al que ha sido sometida la clase trabajadora
previenen la existencia de un sujeto político ya constituido susceptible de
plantear una disputa en términos progresistas o emancipadores.
La tesis defendida en el presente artículo es que solamente
las crisis orgánicas resultantes de la implosión interna de una ESA Liberal,
tal y como la correspondiente al neoliberalismo, son asimilables a lo que
Laclau (2005) denomina ‘situaciones populistas’, caracterizándose éstas por un
alto grado de desinstitucionalización y por la simultánea proliferación de una
multiplicidad de demandas insatisfechas, fruto de la incapacidad por parte del
orden institucional vigente de integrarlas en su seno. De esta forma, emerge la
posibilidad de que aquellas identidades desplazadas de su posición anterior
sean re-articuladas en un proyecto común con voluntad de ruptura. Una
‘intervención populista’ (aquélla que divida el campo social dicotómicamente
mediante la invocación a un pueblo aún por construir) es una salida posible de
una ‘situación populista’, mas no la única. Mientras que ésta última remite a
la desinstitucionalización repentina (junto con la crisis de expectativas
ligada a la misma) derivada del colapso del proceso de acumulación, es
concebible una salida que no conlleve una intervención de carácter populista
sobre la misma, sino más bien una paulatina aceptación de la situación vigente
como una nueva ‘normalidad’. En tal caso, las demandas desaparecerían del campo
social no por haber sido satisfechas, sino por mera resignación. Hecha esta
aclaración, lo que resta del presente apartado tratará de justificar por qué
sólo las crisis orgánicas derivadas de una ESA Liberal pueden ser catalogadas
como ‘situaciones populistas’.
Como ha sido indicado con anterioridad, las contradicciones
internas a una ESA Regulada tienden a manifestarse mediante un período,
considerablemente largo, de inestabilidad institucional. Los problemas internos
al proceso de acumulación conllevan la emergencia de diversas demandas
insatisfechas, mas éstas surgen paulatinamente conforme la crisis de
acumulación se va manifestando progresivamente. Su emergencia dilatada en el
tiempo permite a la institucionalidad aún vigente lidiar con ellas de manera
individual, favoreciendo así su integración diferencial en una nueva
institucionalidad aún en proceso de construcción.
Las crisis orgánicas resultantes del colapso de una ESA
Liberal constituyen, en cambio, una coyuntura cualitativamente distinta. La
naturaleza contradictoria de los principales bloques institucionales que la
conforman desemboca en una interrupción repentina de la actividad económica
tras la eventual implosión de uno de sus componentes, iniciándose un proceso de
rápida descomposición institucional. Además, la práctica inexistencia de un
clima de cooperación entre los diversos actores sociales favorece la adopción
de medidas de corte defensivo por parte de las élites. La situación resultante
será la emergencia simultánea de una gran variedad de demandas que la
institucionalidad vigente no puede satisfacer. La combinación de tasas
positivas de acumulación con la existencia de diversas burbujas especulativas
había permitido incrementar progresivamente la base material sobre la cual diversos
grupos sociales habían sido integrados en el sistema en una posición de
subalternidad. En el momento en que su paulatina expansión ya no resulta
posible, aquellas posiciones que antaño eran integradas diferencialmente en el
orden social se ven irrevocablemente expulsadas cara a la exterioridad del
sistema. De esta forma, la ‘naturalidad’ con la que los respectivos agentes
aceptaban su inclusión en la fábrica social se ve repentinamente cuestionada,
de forma que una variedad de demandas y conflictos heterogéneos emergen de
manera relativamente simultánea.
Por un lado, el carácter simultáneo de la emergencia de
diversas demandas insatisfechas permite concebir su reagrupación en una nueva
voluntad colectiva configurada en base a su común rechazo de/ por el status quo, dado que su abundancia
impide su integración diferencial inmediata por parte de la institucionalidad
vigente. Por otro, la heterogeneidad interna de las demandas rechazadas, fruto
de la diversidad de posiciones que ocupaban con anterioridad a la crisis,
obliga, desde la perspectiva de un movimiento con voluntad transformadora, a la
confección de un nuevo imaginario colectivo. Estas dos características,
presentes en menor grado en las crisis orgánicas resultantes de una ESA
Regulada, permiten calificar a aquéllas resultantes de la implosión de una ESA
Liberal como ‘situaciones populistas’.
Como ya ha sido indicado, una ‘intervención populista’ (una
de las posibles salidas a una ‘situación populista’) requiere la agrupación de
diversas demandas insatisfechas, en una nueva ‘relación de equivalencia’ entre
las mismas que dé lugar a un nuevo sujeto político. Ésta no emergerá en base a
algo que las diferentes demandas tengan de facto en común, sino que
ha de surgir en función de su común rechazo al status quo, es decir, en base a lo que todas ellas no son. Sin
embargo, para que estas demandas se configuren como un sujeto político mediante
la conformación de una relación de equivalencia entre ellas, resulta necesario
que ésta sea representable: ‘Las relaciones de equivalencia no irían más allá
de un vago sentimiento de solidaridad si no cristalizaran en una identidad
discursiva que no represente las demandas como equivalentes, sino el vínculo
‘equivalencial’ como tal’ (Laclau 2005:93). Aquella demanda que ejerza la
función de representación de toda la cadena de equivalencias tiene que ser un
elemento de la propia cadena que ocupe la centralidad mediante un propio
‘desdoblamiento’, que le permita representar al conjunto sin disociarse de su
propio carácter individual. No se trata de un elemento que represente algo que
todos los restantes poseen en común, sino de una operación puramente
‘performativa’ mediante la cual se constituya la cadena como tal (Laclau,
2005:97).
Pese a ser contingente la relación entre la demanda
particular y su función significadora de la cadena, es decir, a pesar de que
toda demanda comprendida en su seno puede a priori cumplir dicha
función de representación, su elección no es irrelevante, pues ‘nunca deja de
ser un significante particular entre otras, esto es, nunca es cualquier significante,
sino siempre es éste en lugar de aquelsignificante’ (Thomassen, 2005:294).
En base a lo aquí expuesto, en el presente apartado se argumentará por qué la
demanda por la reducción del tiempo de trabajo no solamente está capacitada
para acometer la tarea de representación de la cadena de equivalencias en su
conjunto, sino que también sería deseable desde un punto de vista progresista o
emancipador.
Reducción
del tiempo de trabajo: una propuesta desde la economía política
En el presente apartado se tratará de argumentar a favor de
la pertinencia de la reclamación por la reducción de la jornada laboral en la
actual coyuntura tanto desde una perspectiva eminentemente económica, poniendo
el énfasis en los incentivos que supondría para un cambio del modelo productivo
cara a un perfil tecnológicamente más avanzado, como desde una perspectiva
política, haciendo hincapié en su potencial para superar la actual
fragmentación de las clases trabajadoras.
Antes de proceder, es pertinente realizar una pequeña
aclaración. El empleo asalariado es una modalidad históricamente específica de
organizar el reparto del trabajo en una sociedad, entendido éste último como
toda producción de bienes y servicios destinada a satisfacer diversas necesidades
humanas. A pesar de que trabajo y empleo son categorías analíticamente
distintas, es prácticamente imposible pretender modificar el reparto del
primero sin modificar las condiciones en las cuales se desarrolla el segundo.
En última instancia, la meta de un proyecto emancipatorio debería ser lograr un
reparto equitativo del trabajo, es decir, de todas aquellas actividades
implicadas en la propia reproducción social. Sin embargo, tanto desde una
perspectiva económica como política, es necesario cuestionar en primer lugar la
organización del empleo para poder acometer un reparto del trabajo en su
totalidad.
Flexibilidad
y precariedad no son sinónimos.
La crisis general del capitalismo Fordista español durante
la década de 1970 se entremezcla con una crisis del Estado Franquista. Las
convulsiones implícitas en la transición a una forma liberal-democrática del
Estado se suman a la necesidad de devaluar una gran masa de capital fijo
obsoleto en relación a las nuevas condiciones de producción a nivel
internacional (Charnock et al., 2014). En esta coyuntura, los Pactos de la
Moncloa de 1977 sentarán las bases para la reestructuración del modelo laboral
español con el objetivo prioritario de contener la espiral inflacionista,
provocada por la ingobernabilidad de los salarios en un contexto de intensa
desintegración institucional (López y Rodríguez, 2010:147).
La adopción del mantra neoliberal de la ‘flexibilidad’ se
realiza, en el contexto hispano, sobre dos piezas fundamentales que introducen
una clara línea de continuidad respecto al modelo laboral y productivo heredado
del último Franquismo, fundamentado en la debilidad estructural del trabajo.
Por un lado, la entrada en la Unión Europea en 1986 re-significa la función de
los salarios fundamentalmente como costes de producción y ya no como fuente de
demanda, constituyéndolos como única vía de ajuste, una vez que tanto la
devaluación del tipo de cambio externo como el refuerzo de la progresividad
fiscal desaparecen definitivamente del menú. Por otro lado, la legalización de
la contratación temporal ‘acausal’ en 1984 otorga reconocimiento legal a las
prácticas de flexibilidad externa que durante el Franquismo se venían
realizando mediante el recurso a la economía sumergida, ahora canalizadas a
través del uso indiscriminado de contratos temporales (Banyuls et al., 2009).
Pese a la existencia de ulteriores intentos legislativos para poner freno a la
excesiva temporalidad del modelo español, la denominada ‘cultura de la
temporalidad’ española (Toharia, 2005) descansa sobre un modelo productivo en
extremo dualizado y con baja intensidad tecnológica, que las políticas
económicas no han querido, o no han sabido, modificar.
Éste marco institucional de contención salarial refuerza
pues un modelo de desarrollo con un perfil tecnológico marcadamente bajo,
caracterizado por una sobre-especialización en sectores con limitado contenido
tecnológico, un inferior grado de mecanización que los socios europeos junto
con una mano de obra relativamente menos cualificada, a la par que aquellos
sectores potencialmente competitivos a nivel internacional son sistemáticamente
desmantelados (Murillo, 2010). Ésta estructura productiva se sostiene y
refuerza por lo que Miguélez y Prieto (2009) han denominado un ‘modelo con
flexibilidad incontrolada’, caracterizado por muy altas tasas de temporalidad y
auto-empleo, una tasa de empleo baja y altos niveles de desempleo,
desigualmente repartidos en función de procesos de segmentación derivados de la
edad, género o lugar de origen.
En definitiva, el modelo laboral español refuerza la
inserción externa de su aparato productivo con un perfil tecnológico bajo. Los
elevados niveles de temporalidad y desempleo operan de facto como un
ejército industrial de reserva latente, en el cual la gran discrecionalidad por
parte de los empleadores en su uso del factor trabajo se traduce en un modelo
dirigido a maximizar la cantidad de empleo, no su calidad. Como apuntan López y
Rodríguez (2010:209), ‘el modelo capitalista hispano ha estado fundado en una
estrategia de incremento de la plusvalía absoluta antes que relativa’ como
única vía de generación de rentabilidad, en un marco institucional
caracterizado por un deterioro progresivo de su componente tecnológico, una
productividad del trabajo estancada y unos salarios reales en claro retroceso.
La relativa ausencia de restricciones en el uso del factor trabajo es
consistente con un modelo que ‘sólo puede sostener una alta tasa de beneficio
por medio de una constante dilatación de las plusvalías absolutas’ (López y
Rodríguez, 2010:214), por lo que aquellas ramas productivas que requieren un
mayor grado de cualificación de y cooperación con el factor trabajo se ven crecientemente
infrarrepresentadas en la estructura sectorial durante la última fase
expansiva. Así, en relación a la calidad del empleo, ‘la característica más
relevante es la variabilidad de la jornada laboral – excesivamente largas y
variables (en sectores como el comercio minorista y en hoteles/restaurantes)
junto con horas extra – lo cual impone obstáculos en la conciliación entre vida
personal, familiar y social’ (Banyuls et al. 2009:259). La incapacidad de
fundamentar la rentabilidad capitalista en actividades que permitan un
crecimiento sostenido de la productividad laboral refuerza el carácter
inherentemente antagónico del capitalismo hispano.
Este modelo laboral y productivo, dónde la precariedad
obrera y la discrecionalidad empresarial se habían convertido en factores
estructurales, experimenta en la actual crisis sistémica su irrevocable
implosión interna. Muy posiblemente, la estrategia de las oligarquías
inmobiliario-financieras consistirá fundamentalmente en exacerbar dichas
características del modelo español. Sin pretender minusvalorar las
posibilidades reales de que la creciente polarización social resultante pueda
ser sostenida por la extensión hegemónica de una ideología neo-servil a lo
largo del cuerpo social que, pese a la incapacidad de recuperar
significativamente la rentabilidad, permita mantener las jerarquías sociales
imperantes en el medio plazo, resulta posible concebir un escenario alternativo
que pase por una reconfiguración del tiempo de trabajo en términos socialmente
más justos.
En este sentido, una reforma institucional que reduzca
significativamente la longitud y variabilidad de la jornada laboral,
especialmente en aquellos sectores menos proclives a generar endógenamente
incrementos significativos de la productividad, podría funcionar como lo que
Streeck (1997) ha denominado ‘restricciones beneficiosas’ (beneficial
constraints), constituyéndose como incentivos para superar tanto el carácter
marcadamente dual de la estructura productiva como el carácter intermedio y
subsidiario de su inserción externa. El carácter extensivo y regresivo del
modelo productivo español está fundamentado sobre un modelo laboral que
favorece la adición extensiva de horas de trabajo en lugar de incentivar un uso
más productivo de las existentes. Una reducción general de la jornada laboral,
en cualquiera de sus modalidades, constituiría un fuerte incentivo para
implementar un modelo productivo con una mayor racionalidad y un superior
componente tecnológico, sentando las bases para una recuperación de la productividad
laboral que permita compatibilizar la rentabilidad capitalista con una mejora
sostenida de las condiciones de vida de los trabajadores. El volumen de
contratos temporales, desempleados y contratos a tiempo parcial involuntarios
constituyen un masivo ejército de reserva cuya limitación obligaría a los
capitalistas españoles a buscar vías de rentabilidad basadas en un mayor
componente tecnológico. Las restricciones a un uso extensivo de la fuerza de
trabajo implicarían un incentivo para progresivamente abandonar la
‘flexibilidad al margen’ como variante exclusiva en el modelo español (Toharia,
2005), de carácter eminentemente cuantitativo-precarizador y funcional simple
(Cano, 2007), por formas de ajuste organizacionalmente más complejas, condición
necesaria a su vez para una estrategia de desarrollo fundamentada en la
generación de plusvalía relativa y no absoluta. Finalmente, el uso extensivo y
discrecional de la fuerza de trabajo es la base última de un patrón de
especialización productiva en sectores como la construcción y el turismo, cuya
competitividad se centra casi exclusivamente en el abaratamiento progresivo de
los costes laborales y no en el incremento de la productividad. Una acción
concertada a controlar y redistribuir el tiempo de trabajo debiere ser una
piedra fundamental para una reestructuración sectorial que permita reducir el
carácter eminentemente antagónico del capitalismo español.
Superar la
fragmentación política de la clase trabajadora.
Íntimamente ligado con lo anterior, la cuestión del tiempo
de trabajo ofrece la posibilidad de trascender el contexto de elevada
fragmentación política resultante de la exitosa implementación del
neoliberalismo en los últimos lustros. Este proceso de fragmentación se revela
en una doble vertiente. Por un lado, la producción industrial en serie
característica del Fordismo facilitaba la construcción de un sujeto político
centrado en la clase obrera a través de la experiencia compartida en el lugar
de trabajo. Los procesos de des-industrialización derivados de la
contrarrevolución neoliberal, junto con la clausura definitiva de la
experiencia soviética en términos históricos, eliminan la lucha por la
implementación del socialismo como horizonte de sentido unificador de demandas
inicialmente heterogéneas. La individualización de la relación laboral fruto
del trasvase sistemático de puestos de trabajo industriales al sector servicios
imposibilita la traslación directa de la experiencia compartida en el ámbito de
la producción a la esfera política. En su lugar asistimos a la proliferación de
demandas sectoriales diversas, a menudo enfrentadas entre sí, cuya
rearticulación en un proyecto político compartido se torna capital para
plantear una lucha hegemónica por una redefinición institucional en términos
progresistas.
Por otro lado, la fragmentación interna de la lucha obrera
se ve acompañada por la emergencia de movimientos políticos radicalmente
irreducibles a la primera. Las luchas feminista y ecologista, o aquéllas contra
la discriminación racial o sexual, constituyen ejemplos paradigmáticos de los
mismos. Su inclusión en la esfera pública permite poner de relieve diversas
fuentes de opresión antaño ignoradas. Sin embargo, su emergencia es sincrónica
con la desaparición de la lucha anti-capitalista del imaginario colectivo,
pasando el orden social capitalista a formar parte del sentido común de época.
En palabras de Žižek (2000:98):
La política posmoderna
tiene el indudable mérito de ‘re-politizar’ una serie de cuestiones
anteriormente consideradas apolíticas o privadas: sin embargo, es un hecho que
no ‘re- politiza’ el capitalismo, pues la propia noción y forma de lo político
mediante la cual opera está fundamentada en la despolitización de la economía.
En este contexto de fragmentación política, la demanda por
la reducción de la jornada de trabajo puede funcionar potencialmente como
principio de agregación de voluntades y demandas heterogéneas, a la par que
situaría las relaciones de producción capitalistas en la centralidad de la
disputa política. La demanda por la reducción de la jornada laboral ofrece la
posibilidad de concebir una alianza transversal entre diversos segmentos de la
clase trabajadora, desde los trabajadores precarios del sector servicios a las
clases profesionales. Simultáneamente, permite resituar la causa última de las
diversas situaciones de opresión en la configuración de las relaciones sociales
bajo el capitalismo, cuestionando así la separación entre las esferas pública y
privada, es decir, la distinción, constitutiva del orden capitalista, entre
producción y reproducción social.
La despolitización de la esfera pública que ha acompañado al
neoliberalismo se basa en una insistencia en individualizar tanto los problemas
sociales, como sus potenciales soluciones. Más allá de sus efectos en términos
de flexibilidad productiva, resulta preciso entender la lógica de la
precariedad como una ‘forma de control obrero’, considerablemente más refinada
que la mera represión (Cano, 2007). La interiorización de la precariedad
permite conseguir simultáneamente dos objetivos básicos de la clase
capitalista: conjugar un alto nivel de ocupación laboral con los efectos
disciplinantes del ejército industrial de reserva. Lo que debe ser entendido
como un programa de clase contra un colectivo determinado es aprehendido como
una mera conjunción de problemas individuales. Sin embargo, las posibilidades
de revertir la situación actual pasan inexorablemente por una movilización
colectiva que tome como punto de partida la condición de los trabajadores en
cuanto tales. Dado que las transformaciones productivas recientes impiden que
el espacio (la fábrica) funcione como aglutinador de conciencias individuales,
el control del tiempo (o su ausencia) podría cumplir dicho cometido. La demanda
por la liberación del tiempo puede funcionar, pues, como aquélla demanda
particular que se vacía parcialmente de su propio contenido para funcionar como
superficie de inscripción para todas aquellas que participen de un proyecto
emancipatorio.
Conclusión
Con toda probabilidad, la actual crisis orgánica de la
sociedad española no encontrará una solución definitiva en los próximos años.
La profundidad de sus desequilibrios internos garantizan que el período de
reconstrucción institucional será necesariamente largo, y el carácter más o
menos progresista de su eventual salida dependerá de la relación de fuerzas
entre los agentes que participen en la contienda.
Las dinámicas propias de las ESA Liberales deparan, como ha
sido indicado, una situación paradójica en lo relativo a una oposición transformadora.
Por un lado, las clases subalternas llegan al momento de crisis en una
situación de extrema debilidad y fragmentación, previniendo así la emergencia
de un sujeto político susceptible de participar en una batalla digna de tal
nombre. Por otro lado, sin embargo, la duración y dureza de sus efectos
dislocadores permiten entrever la posible emergencia de tal sujeto
transformador en el transcurso de su resolución. Para ello, la constitución de
un nuevo horizonte de sentido que permita agrupar a aquéllos con un interés
efectivo en una reversión de las dinámicas anteriores resulta una condición sine
qua non.
En el presente artículo argumentamos a favor de la
pertinencia de la demanda por la reducción de la jornada laboral para
constituirse en dicha demanda que, mediante una traslación metafórica de su
contenido particular, permita construir un nuevo horizonte aglutinador.
Obviamente, esta tarea requiere a su vez un esfuerzo por dilucidar las
diferentes modalidades de su implementación práctica, mas su discusión excede
los objetivos del presente artículo. La intención de la presente intervención
es la de contribuir a dilucidar las posible líneas de recomposición de la
actual crisis en una dirección transformadora, en base a un examen de las
causas últimas de su ocurrencia. A éste respecto, las proféticas palabras de
Gorz (1989:83) parecen más pertinentes que nunca:
Lo que está en juego
es la transición de una sociedad productivista, fundamentada en el trabajo, a
una sociedad del tiempo libre. (...) En caso de que ésta no tenga lugar, (...)
los ahorros en tiempo y trabajo derivados del desarrollo acelerado de las
nuevas tecnologías solamente traerán consigo exclusión, pobreza y desempleo
masivo por un lado, y una intensificación de la guerra de todos contra todos
por el otro.
Muchas de las ideas
que componen el presente texto fueron desarrolladas conjuntamente con Tomás
Porteiro, a quién deseo mostrar mi más sincero agradecimiento.
Pedro M Rey Araújo, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela,
España
Notas
1/ Kotz (2003, 2010) indica una cierta asimetría entre
ambos tipos. La existencia de problemas de coordinación por parte del capital
en lo referente a las ESA Reguladas implicaría que éstas se materializarán,
solamente, tras la ocurrencia de determinados factores históricos, a pesar de
los beneficios que reportan a la clase capitalista en su conjunto.
2/ ‘Todas las estructuras institucionales estables
de una sociedad capitalista, incluidas aquellas que caracterizan al
neoliberalismo, representan la estabilización (temporal) de las contradicciones
centrales del capitalismo [capital-trabajo, y aquellas internas a cada clase]’
(Wolfson, 2003: 258; mis cursivas)
3/ Sobre el uso del concepto de sobre-determinación
para concebir la totalidad social, desde la perspectiva de la economía
política, ver Althusser (1965) y Resnick y Wolff (1987). Dentro de la teoría de
las ESA, el gran exponente es la obra de Lippit (2005, 2010).
4/ La introducción de tipos-ideales responde a un
propósito meramente heurístico, por lo que cada caso concreto presenta
invariablemente variaciones respecto a los mismos. En particular, entendemos
que la ideología dominante, la cual ha garantizado la aceptación del orden
vigente por parte de la inmensa mayoría de la población, no se corresponde con
una de tipo individualista- Hobbesiana, si no más bien con las expectativas
compartidas de un acercamiento progresivo a los Estados del Bienestar
‘europeos’, en un contexto en el cual los vientos internacionales soplaban en
dirección contraria.
5/ Un análisis exhaustivo debería considerar a su vez
el rol estabilizador jugado por diversos mecanismos reproductivos como el
sistema educativo, las políticas de asistencia social, y singularmente la
familia. Sin embargo, el propósito del presente apartado no consiste en
presentar tal análisis, sino en mostrar cómo, a raíz de su carácter
contradictorio, los principales elementos del proceso de acumulación encuentran
acomodo entre sí.
6/ Para un análisis más detallado de los espacios de
tensión y confluencia entre la obra de Laclau y la teoría de las ESA, ver Rey
Araújo (2015).
7/ ‘La estabilización de las contradicciones del
capitalismo tiene una cierta coherencia, representada bien por el principio del
libre mercado, bien por el principio de la regulación. Además, dicha coherencia
es otorgada por la estabilización de la contradicción fundamental entre capital
y trabajo’ (Wolfson, 2003: 258).
8/ Husson (2015) demuestra empíricamente como la
acumulación de un stock de desempleo (la ‘Gran Represión’) subyace el trasvase
de poder de negociación del trabajo al capital, definitorio del régimen
neoliberal.
9/ Éstas pueden manifestarse a través de problemas de
sub-consumo, sobre-inversión, o mediante la emergencia de burbujas
especulativas.
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