► “Todo Estado está
fundado en la violencia, dijo Trotsky. Objetivamente esto es cierto […] La
violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el
Estado se vale, pero sí es su medio específico” – Max
Weber
Coerción
La historia reciente de los medios de ejecución del poder
estatal —tribunales, administración, ejército, policías, alguaciles, cárceles—
sintetiza las grandes evoluciones estructurales de la fase actual del
capitalismo. Igual que el conjunto de los servicios públicos, esas
instituciones han enfrentado medidas de austeridad y una degradación de las
condiciones laborales de la mayoría de sus integrantes. El desbordamiento de
los jueces y el hacinamiento carcelario son las consecuencias más
significativas. Esta tendencia ha sido mayormente matizada en el caso de las
fuerzas policiacas. Si bien la cantidad de policías por habitantes sigue
elevándose, los efectivos registran una evolución desigual desde la década de
1980. Cualitativamente, el tipo de armamento a disposición de los policías
tiende a evolucionar de las simples armas de mano a revólveres y, cada vez más,
hacia armas semiautomáticas, así como una relajación de los reglamentos en
cuanto a su empleo. La banalización de esas licencias para matar a la hora de
enfrentar pandillas y patrullar en guetos, favelas y barrios marginales va en
ascenso. Pero su uso laxo no se restringe a reprimir todo lo que la buena
sociedad considera escoria de las clases peligrosas. Cuando es necesario, la “violencia
física legítima” interviene sin rodeos para pacificar los antagonismos entre
trabajadores y patrones. Los mineros de Marikana y los jornaleros de San
Quintín saben de ello.
Pero esta evolución aparentemente contradictoria es
compensada por otra tendencia. El control social transita crecientemente a
través de cuerpos de seguridad privada. Siempre presente en las tareas de
resguardo de los centros industriales, comerciales y financieros del capital
monopolista, así como en el transporte de fondos, la policía privada ha
extendido su campo de actividades hacia el control de pasajeros y equipajes y
el patrullaje de espacios públicos (parques, playas, ferias, conciertos). De la
misma manera se ha vuelto un elemento consustancial de la organización de esas
murallas de clase que son las gated
communities. Las fuerzas de seguridad privada en Estados Unidos superan a
la policía en una proporción de 3 a 1. América Latina es la región donde más
crecen y con mejor armamento. En Guatemala superan a la policía en una relación
de 6 a 1 (récord). En México, su crecimiento ha sido exponencial desde la
reforma de ese sector en 1995.1 Finalmente, la privatización del control
social abarca también las cárceles. Desde la década de 1980, los países
anglosajones han abierto la puerta a empresas privadas para encargarse del
suministro de servicios, pero también de la construcción y de la organización
de centros penitenciarios. Actualmente, las cárceles privadas albergan 8% de
los 1.6 millones de prisioneros en EU.2 El principio no tarda en
propagarse a otras partes del mundo, aunque sea a ritmos desiguales. En México
una reforma de 2013 introdujo el principio y su práctica.
Esta doble tendencia en la organización de la coerción
social —su forma organizada (estatal) y su forma in-organizada (privada)— atañe
simultáneamente al consenso.
Consenso
Numerosos trabajos han puesto en relieve el reforzamiento
inexorable del Poder Ejecutivo respecto al Legislativo y el Judicial. Esta
presidencialización de las democracias constituye la espuma de un fenómeno más
profundo. Traduce la autonomización y el empoderamiento de la alta
administración —directores, consejeros, abogados, sherpas— así como su
capacidad, en orientar las decisiones del Ejecutivo. Este fenómeno está
objetivamente condicionado, entre otros factores, por la creciente división,
calificación y especialización que exige el tratamiento de los expedientes. No
considerar ese fenómeno obstaculiza la comprensión del mecanismo de transmisión
del poder estatal: la ordenación legislativa. En los hechos, la alta
administración y su tecnocracia son los actores que han reemplazado al
parlamento en cuanto a la presentación de iniciativas de ley. La producción
legislativa y la definición del interés general tienen su centro en la alta administración.
En esas circunstancias, la actividad efectiva del Poder Legislativo se reduce a
aprobar o rechazar las iniciativas de ley.3
Por educación y origen social, los altos funcionarios
enlazan la cima de la burocracia estatal a los intereses de las clases
propietarias. Las grandes familias administrativas son por tanto criaderos de
altos oficiales, ministros y embajadores. El lobbying-actividad
popularmente ubicada en los pasillos, restaurantes y grandes hoteles próximos a
los parlamentos- se ejerce sobre todo ante los miembros de la alta
administración. Asimismo, las últimas décadas registran la generalización de
otro modo depravado de cooptación que Lenin ya vislumbraba: la gratificación de
ex ministros, altos funcionarios y ahora ex presidentes con generosas sinecuras
en los consejos de administración de corporaciones privadas. Las dos últimas
décadas acusan la aceleración del uso de la puerta giratoria entre el Estado y
el mundo de los negocios; una práctica que se plasma en interesantes resultados
para el capital monopolista. En México, A. Monteagudo Cuevas, presidente
ejecutivo de AgroBio y representante de cinco transnacionales de la
biogenética, “había trabajado en el área de negociaciones comerciales de la
Secretaría de Economía, justamente durante el proceso de debate y
aprobación del marco legal que rige la biotecnología”.4 Pero si la puerta
giratoria es eficaz para los negocios, también es proporcionalmente obscena
para los intereses del Estado. La mayoría de los escándalos de corrupción política
en las últimas décadas se batió girando por esa puerta.5 Evidentemente el
conjunto de esos maridajes explica cómo los intereses del mundo de los negocios
filtran el Estado. También permite comprender otro proceso: la conversión de
las ideas de las clases dirigentes en ideas dominantes.
La vida política contemporánea se singulariza por la
omnipresencia de una multiplicidad de actores —agencias de marketing, de
publicidad, de comunicación, de notación, de consultorías, de sondeos— que
invadieron los diferentes pisos de las superestructuras políticas, en especial
durante los últimos 30 años. Apologéticamente presentada como modernización de
la vida política, sus actividades encubren una complicidad estructural con las
clases dirigentes y las cámaras patronales. La industria mediática —sector
donde la centralización de la propiedad alcanzó un grado inédito— desempeña un
rol creciente en la producción de las formas culturales sobre las cuales se
asienta la hegemonía. Los desfiles y las tertulias de todos esos actores han
convertido los mass media en sustitutos del debate parlamentario. La
publicidad y los sondeos de todos los días se convierten en instrumentos
temibles en los momentos críticos de la vida política. Según un periodista, el
Estado federal gastó más de 5,8 mil millones de pesos en propaganda para la
reforma energética que abrió —de par en par— las actividades de generación de
electricidad, de exploración y de extracción de hidrocarburos así como el
transporte y refinamiento de éstos a los grandes conglomerados
capitalistas.6 Esta suma superaría la partida de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en 2013.7 El conjunto de esos recursos, especialmente los sondeos,
son instrumentalizados para contrarrestar los efectos políticos de las
movilizaciones colectivas (mítines, marchas).
La actividad de todos esos agentes del campo político
alcanza su paroxismo en las campañas electorales, momentos cumbre de la lucha
política. Su creciente protagonismo desde la década de 1980 ha coincidido con
el desplazamiento de la vida política hacia el centro. Como lo dijo sin rodeos
el Wall St. Journal: “las campañas electorales en el extranjero se parecen
cada vez más enestilo y en sustancia a la de EE.UU.”8 El
estilo queda ilustrado por esos malabarismos entre ideas vacuas y fórmulas
publicitarias encarnadas por candidatos sonrientes, títeres de estrategas en
comunicación y de los institutos de sondeos. La sustancia radica en constreñir
los gobiernos a limitarse a reproducir las condiciones sociales generales que
definen el capitalismo de hoy.
Autonomía y heteronomía
Perry Anderson comparó la relación entre fuerza y consenso
en el sistema político con la existente entre las reservas de los bancos
centrales y la circulación fiduciaria en el sistema monetario y de crédito. Las
primeras sirven de respaldo a las segundas. La fórmula traducía en el lenguaje
terrenal del siglo xx la metáfora del centauro —ese ser mitológico con torso
humano y ancas de bestia— con la cual Maquiavelo describía el Estado moderno en
ciernes. Pero para soldarse fuerza y consenso deben revestir la indumentaria y
hablar el lenguaje propiamente estatal: el parlamentarismo y la ideología
jurídica. A través de la producción de circulares administrativas, decretos,
leyes y del derecho en general, el Estado aparece separado de la sociedad y por
encima de ésta. La tradición crítica de la forma política de la dominación
burguesa opone a ese ordenamiento jurídico, una definición del Estado arraigada
en su sociogénesis como producto del carácter irreconciliable de los
antagonismos entre clases. Desde esa perspectiva, el ordenamiento jurídico
opera la transustanciación de la lucha de clases en dominación legal. Una
paradoja de la era contemporánea, si la hay, radica en que la generalización de
las democracias liberales y del estado de derecho va aparejada con el
reforzamiento de la dependencia de los gobiernos con la bolsa, la banca, la
deuda pública. Todos, mecanismos que circunscriben la autonomía del Estado en
los límites de una heteronomía estructural.
Las políticas neoliberales no implican —como se asevera
apresuradamente— la fantasía por alcanzar el nirvana del Estado mínimo.
Significa —en primera instancia— la penetración de las mediaciones mercantiles
y competitivas como principios ordenadores de todas las dimensiones de la vida
social, lo que incluye desde luego al Estado. La proliferación de policías y
cárceles privadas es ejemplo de cómo los Estados tienden a comportarse
crecientemente como las grandes corporaciones industriales que subcontratan (outsourcing) actividades de sus casas
matrices. Tal es también el significado profundo de los conceptos que tienden a
predominar en las administraciones públicas y en las cátedras de Ciencia
Política. Entre los años 1960 y 1980, los representantes de la escuela de
los public choice llevaron
a cabo en el plano de la teoría política lo que los economistas monetaristas y
de la nueva escuela clásica operaban en el plano de la teoría económica. Los
segundos criticaban las políticas keynesianas y los sistemas de planificación
en general. Los primeros destinaban sus dardos a las expresiones políticas que
encarnaban esas políticas. Con el fin de la fase heroica de esa embestida
contra las tesis predominantes a nivel de la infra y de la superestructura
durante la era de la Economía Mixta, llegó la hora de intérpretes más prosaicos
pero no menos lisonjeros.
A partir de los 1980, la new public management, la digital
era governance y el accountability
propusieron las nociones, las herramientas y una jerga para administrar el
Estado a imagen y semejanza de una corporación. Esa naturalización de las
reglas del mercado y de la contabilidad financiera fundamenta también las tesis
según la cual la despolitización de las principales palancas del poder público
es la mejor forma de garantizar la imparcialidad y, por ende, una relación de
confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Las reformas que
consagraron la independencia de los bancos centrales en los años 1980 y 1990
son los mejores ejemplos de lo anterior. Mario Draghi, el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), desairó recientemente a un eurodiputado del partido
Podemos. El parlamentario había formulado una pregunta sobre las exigencias del
BCE al gobierno griego. Para Draghi la interpelación presuponía que el Banco
era una entidad política. Y la BCE no lo es, como se lo objetó sin ironía Súper
Mario.9 No menos instructiva fue la experiencia del “gobierno técnico”
(sic) de Mario Monti en Italia entre noviembre de 2011 y abril de 2013. Para
decirlo a la manera del Wall Street
Journal, el estilo Monti consistió en formar un gabinete con expertos de la
sociedad civil políticamente desinteresados. Su sustancia, queda claro, fue
aplicar al pie de la letra las directrices de la UE y del FMI. Si bien Monti no
hacía política, lo cierto es que fue el gobierno que más aplausos recibió
de los establishments políticos,
periodísticos y académicos de los países imperialistas.
Un criterio para juzgar el éxito de las diferentes formas de
Estado en la historia del capitalismo reside en su capacidad para imponer el
orden económico y político de la burguesía como el único posible. Éste es uno
de los motivos por el cual se efectúan retoques de la máquina estatal en cada
gran fase de la historia social. Esos arreglos derivan del pasivo de los
enfrentamientos sociales precedentes. Se gestan a partir de los dos pilares de
la estructura del poder político: la coerción y el consenso. Ahora bien, si las
crisis desnudan los componentes de una sociedad y permiten observar con
claridad la praxis de sus agentes, entonces los últimos años confirman la
creciente confusión entre el interés general y el de las grandes instituciones
financieras y de los monopolios que las penúltimas dirigen. La crisis mostró
también el nivel de desorientación sindical y política de las clases
trabajadoras. Ello se expresa en las anémicas respuestas a la degradación de
las condiciones de trabajo y de vida de las masas, desde el estallido de la
crisis de 2008. Se expresa en las dificultades para sacar conclusiones de
fondo ante la multiplicación de síntomas inequívocos de crisis estructural
de las actuales democracias políticas. Con todo, características y
contradicciones de la forma estatal orgánica del capitalismo financiero
tienen enorme significado para las luchas sociales. La complejidad de las
máquinas estatales, por un lado, y el carácter crecientemente parasitario y
corrupto de sus altos personales, por el otro, son indicativos de la necesaria
abolición del gobierno político sobre los hombres y su reemplazo por formas
sociales de gestión de la producción y de las riquezas.
Notas
1 Small arms
survey 2011: Estados de seguridad, Instituto Universitario de Altos
Estudios Internacionales, Ginebra. http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-04-EN.pdf
2 “Prisoners in
2013”, US Department of Justice. Office of justice programs. Bureau of
Justice Statistics, 30 de septiembre. 2014. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf
Desde Reagan la población total de los
EE.UU. aumentó aproximadamente de un tercio. En el mismo periodo, la proporción
de detenidos aumentó en 800%.
3 Ese confinamiento podrá interpretarse como un
equilibrio, desequilibrio o reequilibrio entre los dos poderes; una apreciación
que dependerá del carácter parlamentario o presidencialista del régimen así
como de la trayectoria del mismo. En todos los casos prevalece la tendencia al
empoderamiento de la alta administración.
4 A. Enciso y B. Petrich, “Multinacionales ya pueden sembrar maíz transgénico”, La Jornada,
13 de febrero 2012.
5 La práctica de la puerta giratoria entre el mundo de
los negocios y las instituciones supra-estatales es mucho más impune. La
expresión misma designaba inicialmente los vaivenes del alto personal del FMI y
del Banco Mundial.
6 E. Méndez, “La
defensa de la reforma energética fue la campaña más costosa de la presidencia”,
La Jornada, 15 de enero 2015.
8 J. Harwood, “A
Lot Like Home: Campaign Strategists Give Foreign Elections That American
Cachet”, The Wall Str. Journal, 24 de marzo de 1999.
9 Dos semanas después, la BCE y su presidente eran
arrojados al frente de la tormenta política tras el anuncio de las autoridades
griegas de organizar un referéndum sobre las medidas exigidas por la “troika”.
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