Albert Recio Andreu | El
capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las
religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que
se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir
explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos
van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos
de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que
se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de
vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual
está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo
la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”. Los
acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este
“endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a
entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.
La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá
de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una
parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que
“compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que
después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y
(posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha
experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza
beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a
los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía,
responsable de subcontratar sin control un servicio público y después
desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana
Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios
de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros
políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona
más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra
subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas
privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en
el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación
descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad
de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una
empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva
será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas
facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su
tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica
es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente
otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su
verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del
crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la
proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y
generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la
realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones
propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una
estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más
importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La
subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es
una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores
cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es
la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza
suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar
marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder
del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que
requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se
encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal
con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de
este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos).
En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la
elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como
ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in
fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal
en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio
de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para
salir airosos del tema).
Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la
especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza
a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas
de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es
simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de
empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de
obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más
escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido
de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que
se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver
quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia),
OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr,
empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con
Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal
accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de
Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa,
principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado
proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la
familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras
Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de
las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen
estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y
alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte
de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas
públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los
tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la
externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un
solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y
el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas
rentistas. Seguro que el intento no es el único.
Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción
colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas
externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo
y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que
externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las
tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas,
entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo
sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta
atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la
importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de
los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las
desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad
laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo,
depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso
no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad
de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común
su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de
inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico
cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del
capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital
financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas
industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una
élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las
empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de
orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora
de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de
poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo
tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a
corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que
utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién
es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas
se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña
societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas
financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de
plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo
peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un
buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se
descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas
por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en
nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran
parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos
bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los
deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había
sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión
para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una
empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno
de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma
empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un
simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital
está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos
ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex
presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la
operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se
producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso
con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los
bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes
capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace
más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación
que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión.
Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma
cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa
por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene
el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del
campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La
forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas
giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra
mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes
intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o
reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas
“técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto
a las pensiones.
Este desvío del poder desde la política a los expertos y
reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que
cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más
difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su
legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control
que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la
economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento
del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de
las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos
casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la
realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente
que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de
vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente
contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que
nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel
que tienen los principales beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas políticas sean factibles se
requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan
los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los
disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje
del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas
de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista
sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta
masa social de legitimadores del sistema.
El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el
mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se
rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien
por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático
va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley
de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que
pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma
laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno
de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones
(elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).
El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo
podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para
conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas
de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar
directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han
devenido las élites capitalistas locales y mundiales.
