"No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin la herencia de Marx: en todo caso de un cierto Marx: de su genio, de al menos uno de sus espíritus. Pues ésta será nuestra hipótesis o más bien nuestra toma de partido: hay más de uno, debe haber más de uno." — Jacques Derrida

20/8/15

La forma estatal del capitalismo financiero

► “Todo Estado está fundado en la violencia, dijo Trotsky. Objetivamente esto es cierto […] La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico” Max Weber

Matari Pierre   |   Toda consideración sobre la dominación política contemporánea conduce inevitablemente a analizar dos características inherentes al poder estatal: por un lado, la articulación entre fuerza y consenso; y por el otro, la particularización del Estado como poder separado de la sociedad y por encima de ésta. Ambas condicionan la suerte de la intervención estatal en la reproducción del sistema económico, así como en la contención de los antagonismos sociales. El poder político reviste la forma de un “aparato público impersonal”, resumía Evgeny Pasukanis. Para entenderla es preciso examinar las formas de articulación entre violencia y consenso, y discernir los vínculos entre los poderes públicos y los intereses de la clase dominante.
Coerción
La historia reciente de los medios de ejecución del poder estatal —tribunales, administración, ejército, policías, alguaciles, cárceles— sintetiza las grandes evoluciones estructurales de la fase actual del capitalismo. Igual que el conjunto de los servicios públicos, esas instituciones han enfrentado medidas de austeridad y una degradación de las condiciones laborales de la mayoría de sus integrantes. El desbordamiento de los jueces y el hacinamiento carcelario son las consecuencias más significativas. Esta tendencia ha sido mayormente matizada en el caso de las fuerzas policiacas. Si bien la cantidad de policías por habitantes sigue elevándose, los efectivos registran una evolución desigual desde la década de 1980. Cualitativamente, el tipo de armamento a disposición de los policías tiende a evolucionar de las simples armas de mano a revólveres y, cada vez más, hacia armas semiautomáticas, así como una relajación de los reglamentos en cuanto a su empleo. La banalización de esas licencias para matar a la hora de enfrentar pandillas y patrullar en guetos, favelas y barrios marginales va en ascenso. Pero su uso laxo no se restringe a reprimir todo lo que la buena sociedad considera escoria de las clases peligrosas. Cuando es necesario, la “violencia física legítima” interviene sin rodeos para pacificar los antagonismos entre trabajadores y patrones. Los mineros de Marikana y los jornaleros de San Quintín saben de ello.

Pero esta evolución aparentemente contradictoria es compensada por otra tendencia. El control social transita crecientemente a través de cuerpos de seguridad privada. Siempre presente en las tareas de resguardo de los centros industriales, comerciales y financieros del capital monopolista, así como en el transporte de fondos, la policía privada ha extendido su campo de actividades hacia el control de pasajeros y equipajes y el patrullaje de espacios públicos (parques, playas, ferias, conciertos). De la misma manera se ha vuelto un elemento consustancial de la organización de esas murallas de clase que son las gated communities. Las fuerzas de seguridad privada en Estados Unidos superan a la policía en una proporción de 3 a 1. América Latina es la región donde más crecen y con mejor armamento. En Guatemala superan a la policía en una relación de 6 a 1 (récord). En México, su crecimiento ha sido exponencial desde la reforma de ese sector en 1995.1 Finalmente, la privatización del control social abarca también las cárceles. Desde la década de 1980, los países anglosajones han abierto la puerta a empresas privadas para encargarse del suministro de servicios, pero también de la construcción y de la organización de centros penitenciarios. Actualmente, las cárceles privadas albergan 8% de los 1.6 millones de prisioneros en EU.2 El principio no tarda en propagarse a otras partes del mundo, aunque sea a ritmos desiguales. En México una reforma de 2013 introdujo el principio y su práctica.

Esta doble tendencia en la organización de la coerción social —su forma organizada (estatal) y su forma in-organizada (privada)— atañe simultáneamente al consenso.
Consenso 
Numerosos trabajos han puesto en relieve el reforzamiento inexorable del Poder Ejecutivo respecto al Legislativo y el Judicial. Esta presidencialización de las democracias constituye la espuma de un fenómeno más profundo. Traduce la autonomización y el empoderamiento de la alta administración —directores, consejeros, abogados, sherpas— así como su capacidad, en orientar las decisiones del Ejecutivo. Este fenómeno está objetivamente condicionado, entre otros factores, por la creciente división, calificación y especialización que exige el tratamiento de los expedientes. No considerar ese fenómeno obstaculiza la comprensión del mecanismo de transmisión del poder estatal: la ordenación legislativa. En los hechos, la alta administración y su tecnocracia son los actores que han reemplazado al parlamento en cuanto a la presentación de iniciativas de ley. La producción legislativa y la definición del interés general tienen su centro en la alta administración. En esas circunstancias, la actividad efectiva del Poder Legislativo se reduce a aprobar o rechazar las iniciativas de ley.3

Por educación y origen social, los altos funcionarios enlazan la cima de la burocracia estatal a los intereses de las clases propietarias. Las grandes familias administrativas son por tanto criaderos de altos oficiales, ministros y embajadores. El lobbying-actividad popularmente ubicada en los pasillos, restaurantes y grandes hoteles próximos a los parlamentos- se ejerce sobre todo ante los miembros de la alta administración. Asimismo, las últimas décadas registran la generalización de otro modo depravado de cooptación que Lenin ya vislumbraba: la gratificación de ex ministros, altos funcionarios y ahora ex presidentes con generosas sinecuras en los consejos de administración de corporaciones privadas. Las dos últimas décadas acusan la aceleración del uso de la puerta giratoria entre el Estado y el mundo de los negocios; una práctica que se plasma en interesantes resultados para el capital monopolista. En México, A. Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de AgroBio y representante de cinco transnacionales de la biogenética, “había trabajado en el área de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía, justamente durante el proceso  de debate y aprobación del marco legal que rige la biotecnología”.4 Pero si la puerta giratoria es eficaz para los negocios, también es proporcionalmente obscena para los intereses del Estado. La mayoría de los escándalos de corrupción política en las últimas décadas se batió girando por esa puerta.5 Evidentemente el conjunto de esos maridajes explica cómo los intereses del mundo de los negocios filtran el Estado. También permite comprender otro proceso: la conversión de las ideas de las clases dirigentes en ideas dominantes.

La vida política contemporánea se singulariza por la omnipresencia de una multiplicidad de actores —agencias de marketing, de publicidad, de comunicación, de notación, de consultorías, de sondeos— que invadieron los diferentes pisos de las superestructuras políticas, en especial durante los últimos 30 años. Apologéticamente presentada como modernización de la vida política, sus actividades encubren una complicidad estructural con las clases dirigentes y las cámaras patronales. La industria mediática —sector donde la centralización de la propiedad alcanzó un grado inédito— desempeña un rol creciente en la producción de las formas culturales sobre las cuales se asienta la hegemonía. Los desfiles y las tertulias de todos esos actores han convertido los mass media en sustitutos del debate parlamentario. La publicidad y los sondeos de todos los días se convierten en instrumentos temibles en los momentos críticos de la vida política. Según un periodista, el Estado federal gastó más de 5,8 mil millones de pesos en propaganda para la reforma energética que abrió —de par en par— las actividades de generación de electricidad, de exploración y de extracción de hidrocarburos así como el transporte y refinamiento de éstos a los grandes conglomerados capitalistas.6 Esta suma superaría la partida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013.7 El conjunto de esos recursos, especialmente los sondeos, son instrumentalizados para contrarrestar los efectos políticos de las movilizaciones colectivas (mítines, marchas).

La actividad de todos esos agentes del campo político alcanza su paroxismo en las campañas electorales, momentos cumbre de la lucha política. Su creciente protagonismo desde la década de 1980 ha coincidido con el desplazamiento de la vida política hacia el centro. Como lo dijo sin rodeos el Wall St. Journal: “las campañas electorales en el extranjero se parecen cada vez más enestilo y en sustancia a la de EE.UU.”8 El estilo queda ilustrado por esos malabarismos entre ideas vacuas y fórmulas publicitarias encarnadas por candidatos sonrientes, títeres de estrategas en comunicación y de los institutos de sondeos. La sustancia radica en constreñir los gobiernos a limitarse a reproducir las condiciones sociales generales que definen el capitalismo de hoy.
Autonomía y heteronomía
Perry Anderson comparó la relación entre fuerza y consenso en el sistema político con la existente entre las reservas de los bancos centrales y la circulación fiduciaria en el sistema monetario y de crédito. Las primeras sirven de respaldo a las segundas. La fórmula traducía en el lenguaje terrenal del siglo xx la metáfora del centauro —ese ser mitológico con torso humano y ancas de bestia— con la cual Maquiavelo describía el Estado moderno en ciernes. Pero para soldarse fuerza y consenso deben revestir la indumentaria y hablar el lenguaje propiamente estatal: el parlamentarismo y la ideología jurídica. A través de la producción de circulares administrativas, decretos, leyes y del derecho en general, el Estado aparece separado de la sociedad y por encima de ésta. La tradición crítica de la forma política de la dominación burguesa opone a ese ordenamiento jurídico, una definición del Estado arraigada en su sociogénesis como producto del carácter irreconciliable de los antagonismos entre clases. Desde esa perspectiva, el ordenamiento jurídico opera la transustanciación de la lucha de clases en dominación legal. Una paradoja de la era contemporánea, si la hay, radica en que la generalización de las democracias liberales y del estado de derecho va aparejada con el reforzamiento de la dependencia de los gobiernos con la bolsa, la banca, la deuda pública. Todos, mecanismos que circunscriben la autonomía del Estado en los límites de una heteronomía estructural.

Las políticas neoliberales no implican —como se asevera apresuradamente— la fantasía por alcanzar el nirvana del Estado mínimo. Significa —en primera instancia— la penetración de las mediaciones mercantiles y competitivas como principios ordenadores de todas las dimensiones de la vida social, lo que incluye desde luego al Estado. La proliferación de policías y cárceles privadas es ejemplo de cómo los Estados tienden a comportarse crecientemente como las grandes corporaciones industriales que subcontratan (outsourcing) actividades de sus casas matrices. Tal es también el significado profundo de los conceptos que tienden a predominar en las administraciones públicas y en las cátedras de Ciencia Política. Entre los años 1960 y 1980, los representantes de la escuela de los public choice llevaron a cabo en el plano de la teoría política lo que los economistas monetaristas y de la nueva escuela clásica operaban en el plano de la teoría económica. Los segundos criticaban las políticas keynesianas y los sistemas de planificación en general. Los primeros destinaban sus dardos a las expresiones políticas que encarnaban esas políticas. Con el fin de la fase heroica de esa embestida contra las tesis predominantes a nivel de la infra y de la superestructura durante la era de la Economía Mixta, llegó la hora de intérpretes más prosaicos pero no menos lisonjeros.

A partir de los 1980, la new public management, la digital era governance y el accountability propusieron las nociones, las herramientas y una jerga para administrar el Estado a imagen y semejanza de una corporación. Esa naturalización de las reglas del mercado y de la contabilidad financiera fundamenta también las tesis según la cual la despolitización de las principales palancas del poder público es la mejor forma de garantizar la imparcialidad y, por ende, una relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Las reformas que consagraron la independencia de los bancos centrales en los años 1980 y 1990 son los mejores ejemplos de lo anterior. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), desairó recientemente a un eurodiputado del partido Podemos. El parlamentario había formulado una pregunta sobre las exigencias del BCE al gobierno griego. Para Draghi la interpelación presuponía que el Banco era una entidad política. Y la BCE no lo es, como se lo objetó sin ironía Súper Mario.9 No menos instructiva fue la experiencia del “gobierno técnico” (sic) de Mario Monti en Italia entre noviembre de 2011 y abril de 2013. Para decirlo a la manera del Wall Street Journal, el estilo Monti consistió en formar un gabinete con expertos de la sociedad civil políticamente desinteresados. Su sustancia, queda claro, fue aplicar al pie de la letra las directrices de la UE y del FMI. Si bien Monti no hacía política, lo cierto es que fue el gobierno que más aplausos  recibió de los establishments políticos, periodísticos y académicos de los países imperialistas.

Un criterio para juzgar el éxito de las diferentes formas de Estado en la historia del capitalismo reside en su capacidad para imponer el orden económico y político de la burguesía como el único posible. Éste es uno de los motivos por el cual se efectúan retoques de la máquina estatal en cada gran fase de la historia social. Esos arreglos derivan del pasivo de los enfrentamientos sociales precedentes. Se gestan a partir de los dos pilares de la estructura del poder político: la coerción y el consenso. Ahora bien, si las crisis desnudan los componentes de una sociedad y permiten observar con claridad la praxis de sus agentes, entonces los últimos años confirman la creciente confusión entre el interés general y el de las grandes instituciones financieras y de los monopolios que las penúltimas dirigen. La crisis mostró también el nivel de desorientación sindical y política de las clases trabajadoras. Ello se expresa en las anémicas respuestas a la degradación de las condiciones de trabajo y de vida de las masas, desde el estallido de la crisis de 2008. Se expresa en las dificultades para sacar conclusiones de fondo ante la multiplicación de síntomas inequívocos de crisis estructural de las actuales democracias políticas. Con todo, características y contradicciones de la forma estatal orgánica del capitalismo financiero tienen  enorme significado para las luchas sociales. La complejidad de las máquinas estatales, por un lado, y el carácter crecientemente parasitario y corrupto de sus altos personales, por el otro, son indicativos de la necesaria abolición del gobierno político sobre los hombres y su reemplazo por formas sociales de gestión de la producción y de las riquezas.
Notas
Small arms survey 2011: Estados de seguridad, Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra. http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-04-EN.pdf
“Prisoners in 2013”, US Department of Justice. Office of justice programs. Bureau of Justice Statistics, 30  de septiembre. 2014. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf  Desde Reagan la población total de los EE.UU. aumentó aproximadamente de un tercio. En el mismo periodo, la proporción de detenidos aumentó en 800%.
3 Ese confinamiento podrá interpretarse como un equilibrio, desequilibrio o reequilibrio entre los dos poderes; una apreciación que dependerá del carácter parlamentario o presidencialista del régimen así como de la trayectoria del mismo. En todos los casos prevalece la tendencia al empoderamiento de la alta administración.
4 A. Enciso y B. Petrich,  “Multinacionales ya pueden sembrar maíz transgénico”, La Jornada, 13 de febrero 2012.
5 La práctica de la puerta giratoria entre el mundo de los negocios y las instituciones supra-estatales es mucho más impune. La expresión misma designaba inicialmente los vaivenes del alto personal del FMI y del Banco Mundial.
6 E. Méndez, “La defensa de la reforma energética fue la campaña más costosa de la presidencia”, La Jornada, 15 de enero 2015.
8 J. Harwood, “A Lot Like Home: Campaign Strategists Give Foreign Elections That American Cachet”, The Wall Str. Journal, 24 de marzo de 1999.
9 Dos semanas después, la BCE y su presidente eran arrojados al frente de la tormenta política tras el anuncio de las autoridades griegas de organizar un referéndum sobre las medidas exigidas por la “troika”.
http://revistamemoria.mx/

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Andrea Vitale: Lo spettro di Marx — Operai Contro
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Daniela Gros: Il giovane Karl Marx — Moked
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Luigi Mascheroni: Che borghese quel Karl Marx. Parola di Morselli — Il Giornale
Eros Barone: Il segreto del potere capitalistico — Varese News
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José Roberto Herrera Zúñiga: El terrorismo individual: un análisis desde el marxismo clásico — Universidad de Costa Rica
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Tres marxistas negros, las sociedades de color y el marxismo en Cuba (1940-1961) — Rebelión
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Anne Dolhein: La Chine offre une statue de Karl Marx à la ville de Trèves en Allemagne — Reinformation
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Rodolfo Salazar González: Resurgimiento de Karl Marx — Buenos Días Tamaulipas
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